El presidente Gustavo Petro defendió su gestión en medio de la polémica por la muerte de Kevin Acosta, un niño de siete años que falleció tras no recibir un medicamento vital para su hemofilia A severa. Durante una concentración en la Plaza de Bolívar en Bogotá, el 19 de febrero de 2026, Petro acusó a la oposición y a la prensa de utilizar el caso del menor para atacar su gobierno, calificando la situación como una “sevicia” política.
El mandatario argumentó que existen “infundios y mentiras” difundidas sobre la responsabilidad de su administración en el fallecimiento de Kevin, y sugirió la existencia de un “cartel de la hemofilia” que estaría operando para desestabilizar el sistema de salud. Petro vinculó este supuesto cartel a los obstáculos que ha enfrentado su proyecto de reforma a la salud, el cual busca transformar el rol de las EPS (Entidades Promotoras de Salud) y evitar la “tumbarse la plata” proveniente de los recursos estatales.
“El cartel de la hemofilia volvió a actuar”, afirmó Petro ante la multitud, reiterando su llamado a la aprobación de la reforma que, según él, permitiría una mejor gestión de los recursos y garantizaría el acceso a los medicamentos para pacientes como Kevin Acosta. La reforma, que ha sido rechazada en dos ocasiones en la Comisión Séptima del Senado, busca que las EPS dejen de operar como intermediarios financieros y se enfoquen en la prestación de servicios de salud.
Para respaldar su defensa, el presidente presentó cifras que, según él, demuestran una reducción en la tasa de mortalidad infantil en Colombia durante su gobierno. Petro atribuyó esta disminución a las políticas de prevención implementadas por su administración y a la atención brindada por los equipos de salud en diferentes regiones del país. Incluso, afirmó que la Reforma Laboral también ha contribuido a mejorar las condiciones de vida de las familias y, por ende, a reducir la mortalidad infantil.
Sin embargo, estas explicaciones no han logrado calmar la indignación de la familia de Kevin Acosta, quienes responsabilizan directamente al gobierno y a la Nueva EPS, actualmente intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud, por la muerte del niño. Yudy Pico, la madre de Kevin, ha denunciado públicamente que su hijo no falleció a causa de una caída accidental, sino debido a las fallas en la atención médica y a la falta de acceso al medicamento que necesitaba para controlar su hemofilia.
En una entrevista con Blu Radio, Pico rechazó las acusaciones del presidente Petro, quien insinuó que la familia podría haber sido negligente en el cuidado del menor. “Que no venga este señor a dárselas de buen presidente y a dárselas de mejor dicho, porque ese señor hizo algo que nunca debió de haber hecho. Y que deje de estar echándome la culpa a mí de la muerte del niño, porque él sabe que la muerte del niño no fue el golpe que él tuvo”, declaró Pico con visible dolor y frustración.
El caso de Kevin Acosta ha desatado un debate nacional sobre el estado del sistema de salud colombiano y la capacidad del gobierno para garantizar el acceso a los medicamentos y a la atención médica para todos los ciudadanos. La oposición ha aprovechado la tragedia para criticar la reforma a la salud propuesta por Petro, argumentando que la intervención estatal en las EPS podría generar aún más problemas y afectar la calidad de los servicios.
La Superintendencia Nacional de Salud, que actualmente interviene la Nueva EPS, ha anunciado una investigación exhaustiva para determinar las causas de la falta de acceso al medicamento de Kevin Acosta y establecer las responsabilidades correspondientes. Sin embargo, la familia del niño ha expresado su desconfianza en la investigación, alegando que las autoridades no están actuando con la diligencia necesaria para esclarecer los hechos.
El debate sobre el caso de Kevin Acosta se suma a las tensiones políticas que atraviesa Colombia, en un contexto de polarización y de fuertes críticas a la gestión del gobierno de Gustavo Petro. La muerte del niño ha puesto de manifiesto las deficiencias del sistema de salud y la necesidad de implementar reformas que garanticen el acceso universal a la atención médica y a los medicamentos esenciales.
La situación también ha reabierto el debate sobre el papel de los medios de comunicación en la cobertura de tragedias como esta, y sobre la responsabilidad de los periodistas de presentar información objetiva y veraz, evitando caer en la manipulación o en la difusión de noticias falsas. El presidente Petro ha acusado a la prensa de distorsionar la realidad y de utilizar el caso de Kevin Acosta para atacar su gobierno, mientras que los medios han defendido su derecho a informar y a ejercer el control social.
El caso de Kevin Acosta es un recordatorio doloroso de las dificultades que enfrentan miles de pacientes en Colombia para acceder a los medicamentos y a la atención médica que necesitan. La tragedia ha generado una ola de indignación y de solidaridad en todo el país, y ha puesto de manifiesto la urgencia de implementar reformas que garanticen el derecho a la salud para todos los ciudadanos, sin importar su condición social o económica. La investigación sobre las causas de la muerte de Kevin Acosta y las posibles responsabilidades de los actores involucrados deberá ser exhaustiva y transparente, para que la justicia sea impartida y se eviten tragedias similares en el futuro.
