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Dos meses después del devastador accidente en Remedios, Antioquia, donde un bus que transportaba a estudiantes recién graduados del Liceo Antioqueño de Bello se precipitó a un abismo de más de 40 metros, cobrando la vida de 16 jóvenes y un conductor, las familias de las víctimas buscan respuestas y justicia. La Fiscalía General de la Nación mantiene la investigación bajo reserva, pero las acciones legales emprendidas por las familias avanzan en paralelo, buscando esclarecer las causas del siniestro y obtener una reparación integral por las pérdidas sufridas.
Andrés Stiven Gómez Parra, gerente de Territorio Legal Abogados, la firma que representa a 15 familias afectadas –10 con lesionados y 5 que lamentan la pérdida de un ser querido–, explicó a EL COLOMBIANO el complejo entramado de reclamaciones que se están llevando a cabo. “Avanzan los procesos civiles y penales, algo que requiere de investigación, tiempo y mucha paciencia”, afirmó Gómez Parra.
Hasta el momento, ninguna de las familias ha recibido indemnización alguna, pero se han iniciado diversas reclamaciones. La primera, dirigida a las aseguradoras contratadas a través de la póliza estudiantil del Liceo Antioqueño: Seguros Comerciales Bolívar, Equidad Seguros y Solidaria de Colombia. Esta póliza, contratada por la institución educativa, ofrece una cobertura que las aseguradoras están reconociendo.
Paralelamente, se ha presentado una reclamación ante Seniors Prom, la empresa operadora de la excursión, que contaba con coberturas a través de Colasistencias, encargada de brindar asistencia durante el viaje. La tercera vía de reclamación se dirige a la aseguradora de Precoltur, la empresa transportadora, que poseía una cobertura de responsabilidad civil contractual y extracontractual. Esta última reclamación requiere de una demostración exhaustiva de la responsabilidad de la empresa, y en caso de no llegar a un acuerdo, se iniciará un proceso judicial para determinar el valor de la indemnización.
Gómez Parra aclaró que, en caso de fallecimiento en un accidente de tránsito, la Fiscalía General de la Nación tiene la obligación de iniciar una investigación de oficio, a través de la Policía de Tránsito y Transporte. En este caso, la Fiscalía 110 seccional de Segovia, Antioquia, está llevando a cabo la investigación penal por homicidio culposo y lesiones personales culposas.
Respecto a las familias con lesionados, tienen un plazo de 6 meses para radicar una denuncia formal ante la Fiscalía. Los clientes de Territorio Legal Abogados ya han cumplido con este requisito.
La investigación se centra inicialmente en el conductor del vehículo, quien también falleció en el accidente. Sin embargo, la Fiscalía no descarta la posibilidad de que haya otros responsables involucrados en el siniestro. “En este momento el proceso tiene un carácter de reserva, y la Fiscalía avanza en otras líneas investigativas con el fin de entrar a determinar si hay otra persona determinadora que tuvo alguna incidencia directa en la generación de este accidente”, explicó Gómez Parra.
La duración de los procesos legales varía considerablemente. Un proceso civil podría tardar entre 1 y 3 años si se llega a un acuerdo con la compañía de seguros, mientras que un proceso penal no tiene un plazo definido, dependiendo del avance de las investigaciones. No obstante, Gómez Parra señaló que las labores de investigación han sido rápidas, debido a la gran cobertura mediática y la presión social que ha generado el caso.
El impacto emocional en las familias afectadas es profundo. Muchos de los sobrevivientes y familiares de las víctimas están recibiendo tratamiento psicológico y psiquiátrico para afrontar el trauma. “Hay algunos que en la actualidad sostienen un tratamiento psicológico, psiquiátrico, tanto por las personas fallecidas como por las personas lesionados; menores que no logran conciliar el sueño, que tienen trastornos de ansiedad y depresión a raíz de la pérdida de sus compañeros... Muchos, aún, no han asimilado lo que pasa y es más que entendible”, relató Gómez Parra.
La tragedia de Remedios ha dejado una profunda cicatriz en la comunidad antioqueña y ha puesto de manifiesto la necesidad de fortalecer las medidas de seguridad en el transporte de estudiantes y de garantizar una reparación integral a las víctimas de accidentes de tránsito. Las familias afectadas esperan que la justicia actúe con celeridad y transparencia para esclarecer las causas del siniestro y evitar que tragedias similares se repitan en el futuro. La búsqueda de justicia no solo es un derecho, sino también un tributo a la memoria de los jóvenes que perdieron la vida en este lamentable accidente. La investigación continúa, y las familias permanecen firmes en su determinación de obtener respuestas y una reparación digna por las pérdidas sufridas.
