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Colapso de Ueno Bank: Exigen juicio político al Fiscal General e interpelación a Seprelad por responsabilidad legislativa

El colapso de Ueno Bank fue simplemente el resultado previsible de un esquema en el que un banco vinculado al grupo empresarial del que Santiago Peña había sido accionista concentró cientos de millones de dólares de fondos públicos mientras prestaba a empresas relacionadas, con garantías insuficientes y con la anuencia o la ceguera de quienes debían controlar. El Banco Central intervino, el Congreso destituyó al presidente y hoy existen decenas de imputados. Sin embargo, eso no absuelve al Poder Legislativo. Al contrario: lo coloca en el centro de la responsabilidad. Aunque sus miembros quieran pasar desapercibidos. Durante todo este tiempo el Legislativo aprobó el marco normativo y las designaciones que permitieron que ocurriera el descalabro que hoy todos conocemos. Autorizó o no cuestionó con suficiente rigor la captura de fondos estatales por una entidad cuyo crecimiento era inseparable del poder político de turno. Cuando Santiago Peña se jactaba públicamente y con frecuencia de contar con el pleno apoyo del Legislativo y defendía al banco frente a las alertas –calificando las críticas de “campaña mediática” y “terrorismo financiero”– el Congreso no actuó con la contundencia que la magnitud del riesgo exigía. No puede ahora aplicar la “ley del ñembotavy”. Quien aprueba las reglas del juego, designa a mano alzada a los controladores y no ejerce control político real es corresponsable del resultado.

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Colapso de Ueno Bank: Exigen juicio político al Fiscal General e interpelación a Seprelad por responsabilidad legislativa

El colapso de Ueno Bank ha dejado al descubierto un complejo esquema financiero que, según se analiza, fue el resultado previsible de una gestión marcada por la concentración de fondos públicos y la falta de controles efectivos. La entidad, vinculada al grupo empresarial del cual Santiago Peña había sido accionista, concentró cientos de millones de dólares provenientes del Estado, incluyendo fondos del Instituto de Previsión Social (IPS), mientras otorgaba préstamos a empresas relacionadas mediante garantías insuficientes. Este proceso ocurrió bajo la anuencia o la ceguera deliberada de los organismos encargados de la supervisión.

Tras el descalabro, el Banco Central intervino la entidad y el Congreso procedió a la destitución del presidente. Actualmente, existen decenas de personas imputadas por los hechos. No obstante, este escenario no exime de responsabilidad al Poder Legislativo. Por el contrario, el Congreso se sitúa en el centro de la responsabilidad institucional, ya que fue el encargado de aprobar el marco normativo y las designaciones que facilitaron el camino hacia el colapso.

Durante el periodo en que el crecimiento de Ueno Bank fue inseparable del poder político de turno, el Legislativo autorizó, o bien no cuestionó con el rigor necesario, la captura de fondos estatales por parte de la entidad. En aquel momento, Santiago Peña defendía públicamente al banco frente a diversas alertas, calificando las críticas como "campaña mediática" y "terrorismo financiero". A pesar de contar con el pleno apoyo del Legislativo, el Congreso no actuó con la contundencia que el riesgo financiero exigía, ignorando advertencias presentes en diarios, informes técnicos filtrados y preocupaciones del sector empresarial.

En este contexto, se señala que el Poder Legislativo no puede ahora aplicar la "ley del ñembotavy" para evadir su corresponsabilidad. Quienes aprobaron las reglas del juego y designaron a los controladores a mano alzada, sin ejercer un control político real, comparten la responsabilidad del resultado final. Esta lógica de opacidad parece extenderse a nuevas normativas, como la Ley 7593/2025 de Protección de Datos Personales. Específicamente, el artículo 24 de dicha ley introduce procedimientos que podrían convertirse en obstáculos sistemáticos para el acceso a información pública sobre salarios, contrataciones y el uso de recursos estatales por parte de funcionarios.

La sanción de esta norma por el Legislativo y su posterior promulgación por Peña son vistas como una apuesta por la opacidad en un momento en que el país exige máxima transparencia sobre la gestión de los fondos públicos y las garantías de los créditos otorgados. Esta acción es interpretada no como neutralidad legislativa, sino como la continuidad de una cultura de impunidad que ha marcado otros escándalos en Paraguay, desde casos de lavado de activos vinculados a estructuras políticas hasta la captura de instituciones de control.

Por estas razones, se sostiene que la destitución de Peña es insuficiente. Es imperativo que las instituciones de control y persecución penal actúen sin protecciones selectivas. En consecuencia, se plantea la necesidad urgente de que el Congreso vote el juicio político al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández. La conducción de la causa Ueno por parte de Rolón ha sido cuestionada debido a demoras significativas en procedimientos clave y una respuesta que sectores de la oposición y la ciudadanía consideran insuficiente ante el mayor desfalco de las últimas décadas. La facultad constitucional del juicio político es la herramienta diseñada precisamente para cuando la máxima autoridad del Ministerio Público no garantiza una investigación efectiva de delitos contra el patrimonio público.

Simultáneamente, se exige la interpelación inmediata de Liliana Alcaraz, titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), así como de las autoridades de las instituciones contraloras del lavado de activos. El silencio y la opacidad de la Seprelad han sido notorios desde la resolución del banco. Resulta inadmisible que el órgano encargado de prevenir el lavado de dinero permanezca al margen mientras se investigan operaciones que involucran fondos públicos masivos y posibles esquemas de ocultamiento.

La interpelación se presenta no como un acto simbólico, sino como el mecanismo legal para exigir respuestas bajo juramento sobre las alertas recibidas y las razones por las cuales no se actuó preventivamente. De negarse a impulsar el juicio político al fiscal general y la interpelación a la titular de Seprelad, el Poder Legislativo estaría protegiendo el sistema que permitió el saqueo en lugar de representar al pueblo.

Los casi tres millones de clientes de Ueno, los aportantes al IPS y todos los contribuyentes no pueden aceptar más excusas ni leyes que faciliten la oscuridad. El Congreso enfrenta ahora una elección clara: ejercer su poder de control con la misma contundencia con la que destituyó al presidente, o confirmar que forma parte del problema, condenando al país a repetir el mismo ciclo de impunidad.

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