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Bolivia exige a México confirmación de asilo de García Linera y ratifica proceso por caso Hotel Las Américas

El portavoz presidencial José Luis Gálvez afirmó que México todavía no respondió al pedido de información sobre el asilo del exvicepresidente. El Gobierno exige esclarecer las muertes del Hotel Las Américas.

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Bolivia exige a México confirmación de asilo de García Linera y ratifica proceso por caso Hotel Las Américas

El Gobierno de Bolivia ha manifestado que, hasta la fecha, no ha recibido una respuesta oficial por parte de la Cancillería de México respecto a la solicitud de información sobre el estatus de asilo político del exvicepresidente Álvaro García Linera. Esta situación fue aclarada por el portavoz presidencial, José Luis Gálvez, quien señaló que la administración boliviana permanece a la espera de una confirmación diplomática que precise los alcances de la protección política que el exmandatario afirma haber obtenido.

Durante una entrevista concedida a radio Panamericana este domingo, Gálvez subrayó que la única fuente de información disponible hasta el momento son las declaraciones públicas del propio García Linera. La Cancillería boliviana había remitido un requerimiento formal de información el pasado jueves 12 de noviembre. Si bien el ministerio ha expresado su respeto hacia las decisiones soberanas de otros Estados, ha dejado claro que la concesión de un asilo político no suspende ni anula los procesos judiciales que se llevan a cabo en territorio boliviano.

Por su parte, Álvaro García Linera confirmó previamente a EL DEBER, el 12 de noviembre, que ya cuenta con asilo político en México. El exvicepresidente explicó que dicha protección fue reactivada basándose en el amparo que recibió en el año 2019, tras la crisis política ocurrida en aquel periodo. De acuerdo con los registros, García Linera abandonó Bolivia el 31 de octubre, trasladándose primero a Argentina y posteriormente a México. Desde su exilio, ha calificado los procesos judiciales en su contra como una forma de persecución política.

Uno de los puntos centrales de la controversia es la investigación sobre las muertes ocurridas en el Hotel Las Américas en abril de 2009. El Gobierno boliviano ha enfatizado que la protección política anunciada por García Linera no detendrá las indagaciones sobre este suceso. El portavoz presidencial, José Luis Gálvez, describió este episodio como una "herida abierta en la historia reciente" del país, afirmando que el Estado tiene la obligación moral y legal de esclarecer las circunstancias en que murieron tres personas y cómo se llevaron a cabo las detenciones durante aquel operativo policial.

En la intervención realizada por una unidad de élite en el Hotel Las Américas, ubicado en Santa Cruz de la Sierra, fallecieron Eduardo Rózsa-Flores, Árpád Magyarosi y Michael Dwyer. En su momento, el entonces presidente Evo Morales presentó el operativo como una acción necesaria contra un presunto grupo terrorista y separatista. Sin embargo, el caso ha sido objeto de denuncias internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó en un informe de fondo la responsabilidad internacional del Estado boliviano por vulneraciones a los derechos humanos, recomendando la investigación de los hechos, la reparación a las víctimas y la implementación de garantías de no repetición. Actualmente, el caso se encuentra en la Corte Interamericana, pendiente de sentencia.

En el ámbito judicial interno, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia inició el 3 de noviembre una etapa preliminar con una duración de 30 días. Esta medida responde a una proposición acusatoria presentada por legisladores de Libre contra Evo Morales y Álvaro García Linera. Durante este plazo, la Fiscalía tiene la responsabilidad de emitir una resolución conclusiva. El Tribunal ya ha ordenado la notificación correspondiente a ambos exmandatarios.

El portavoz Gálvez hizo una distinción importante entre este proceso y otra denuncia presentada en agosto por víctimas del caso Hotel Las Américas, la cual involucra a aproximadamente 150 personas, incluyendo exautoridades, efectivos policiales y operadores judiciales. Según Gálvez, es fundamental que las responsabilidades se individualicen a través de una investigación válida que respete el debido proceso para evitar nulidades futuras, independientemente de que los implicados se encuentren fuera del país.

Desde el legislativo, el diputado Carlos Alarcón ha instado a que se determine si Morales y García Linera tuvieron una participación intelectual en el operativo de 2009. Alarcón fundamentó su petición citando el artículo 110 de la Constitución Política del Estado, el cual establece que el cumplimiento de una orden superior no exime de responsabilidad a quien vulnera los derechos fundamentales. Asimismo, el diputado cuestionó la validez de la protección política reclamada por el exvicepresidente en México.

Mientras se espera la respuesta diplomática de México, el Gobierno de Bolivia sostiene que la justicia nacional conserva todas sus atribuciones. Para ello, ha recordado la existencia de un tratado de asistencia jurídica penal vigente entre Bolivia y México desde el año 2010, mecanismo que podría ser utilizado para avanzar en la cooperación jurídica internacional y asegurar que el proceso judicial no se paralice bajo ninguna premisa.

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