La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ha iniciado una investigación exhaustiva contra la empresa Servicios Broxel, S.A.P.I. de C.V., debido a presuntas irregularidades en la obtención de contratos gubernamentales. La indagatoria se centra en la existencia de conflictos de interés, la recepción de pagos en exceso y la acumulación de adeudos millonarios con diversas dependencias del sector público.
Uno de los puntos centrales de la investigación es el presunto vínculo entre la empresa y un funcionario de alto nivel en la administración federal. De acuerdo con los hallazgos de la Secretaría Anticorrupción, el representante legal de Broxel, Karlo Gerardo Siliceo Valdespino, es hermano de Miguel Sergio Siliceo Valdespino, quien se desempeña como titular de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El conflicto se agrava al revelarse que Miguel Sergio Siliceo Valdespino, además de su cargo en Hacienda, mantiene una relación laboral con el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) mediante una licencia sin goce de sueldo, habiendo sido director general adjunto en dicha institución entre 2019 y 2021. Esta situación es particularmente sensible dado que la SHCP fue la entidad encargada de organizar la megacompra consolidada de vales de despensa para más de 200 entidades, proceso mediante el cual Broxel proyecta más del 60% de su cartera futura de negocios, estimada en 32 mil 296 millones de pesos.
En términos financieros, los registros públicos indican que, tan solo en 2025, Servicios Broxel obtuvo adjudicaciones masivas. La empresa logró contratos para el suministro de vales electrónicos de despensa con más de 150 dependencias federales por montos de hasta 9 mil 751 millones de pesos, además de contratos con el gobierno de la Ciudad de México por hasta 3 mil 591 millones de pesos.
Sin embargo, la revisión de estos contratos reveló que la compañía recibió recursos públicos que no le correspondían, al haber celebrado acuerdos en condiciones distintas a las ofertadas originalmente. Esto resultó en pagos en exceso que han perjudicado el erario público. Según el oficio 223/DGPCMC/352/2026, emitido por José Juan García Estrada, director general de Prevención de la Corrupción y Mejora Continua, Broxel tiene pendiente el reintegro de aproximadamente 29.4 millones de pesos distribuidos entre 39 entes de la administración pública federal.
Ante la falta de liquidez operativa derivada de estas irregularidades y las demandas de devolución, Broxel solicitó un crédito por 4 mil 200 millones de pesos a Bancomext. No obstante, esta solicitud fue frenada por la unidad de Prevención de la Corrupción y Mejora Continua. El análisis técnico determinó que otorgar el crédito implicaba un riesgo elevado, ya que la empresa se encuentra sujeta a procedimientos administrativos que podrían derivar en su inhabilitación para obtener nuevos contratos públicos, lo que comprometería seriamente su capacidad de pago.
Este caso ha cobrado mayor relevancia tras revelaciones periodísticas sobre la entrega de monederos electrónicos Broxel a 254 diputados federales del partido Morena. Cada legislador recibió tres plásticos con un valor de 10 mil pesos cada uno. Asimismo, se detalló que la empresa mantiene contratos en la Cámara de Diputados para la distribución de tarjetas de despensa destinadas a trabajadores de base y confianza, a pesar de las múltiples denuncias y auditorías acumuladas.
Al respecto, Norma Julieta del Río, excomisionada del Inai y experta en transparencia, advirtió que el modus operandi de la empresa sugiere la posible existencia de una red de tráfico de influencias similar a casos previos, como el del INE. Del Río señaló que no puede ser casualidad la cantidad de contratos obtenidos y cuestionó si las autoridades están cumpliendo con su labor o si dependen enteramente del periodismo de investigación para destapar estos hechos.
La experta puntualizó que, de comprobarse el conflicto de intereses, el funcionario de Hacienda podría enfrentar sanciones graves, incluyendo la destitución de su cargo y la inhabilitación. En el caso de Servicios Broxel, dada la recurrencia de las irregularidades, la sanción más probable sería la inhabilitación total para participar en contrataciones públicas por un periodo que podría oscilar entre tres meses y diez años, dependiendo de la gravedad de las faltas acreditadas.
