El Departamento de Estado de Estados Unidos ha expresado un respaldo explícito a la gestión implementada por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en materia de seguridad ciudadana. El organismo estadounidense destacó los resultados obtenidos gracias a la cooperación bilateral destinada a combatir el narcotráfico, el lavado de activos y la operatividad de las organizaciones criminales transnacionales que afectan la estabilidad de la región.
Este reconocimiento fue difundido a través de una publicación en la red social X por la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL). En dicho mensaje, la institución resaltó el esfuerzo coordinado entre ambas naciones para enfrentar la crisis de seguridad. "Mientras Daniel Noboa trabaja incansablemente para domar el caos, INL se siente honrado de participar en su éxito", señaló la entidad, subrayando el compromiso de Estados Unidos en el acompañamiento de las estrategias gubernamentales ecuatorianas.
La validación de estos esfuerzos se enmarca en la reciente visita oficial de F. Cartwright Weiland, subsecretario de Estado para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, quien permaneció en territorio ecuatoriano desde el 2 hasta el 7 de noviembre. Según informó el Departamento de Estado, este recorrido fue fundamental para dar continuidad a la asistencia económica de 55 millones de dólares, una cifra que había sido anunciada previamente en septiembre por el secretario de Estado, Marco Rubio.
Dentro de los resultados tangibles de esta colaboración, destaca el fortalecimiento de la vigilancia marítima. Durante su agenda de trabajo en las Islas Galápagos, el subsecretario Weiland realizó la entrega oficial de una embarcación interceptora a la Armada ecuatoriana. Esta unidad cuenta con una eslora de 38 pies, lo que equivale a 11,6 metros. La entrega fue formalizada por Lawrence Petroni, quien se desempeña como encargado de Negocios interino de la Embajada y Consulado de Estados Unidos en Ecuador.
Esta embarcación no es un hecho aislado, sino que forma parte de un programa más amplio que contempla la entrega de 14 unidades destinadas tanto a la Armada como a la Policía Nacional. El objetivo estratégico de este equipamiento es optimizar las operaciones contra el tráfico de drogas por vía marítima, combatir la pesca ilegal y, fundamentalmente, evitar que los cargamentos de sustancias ilícitas logren llegar a territorio estadounidense.
En el ámbito de la inteligencia financiera, el Gobierno de Ecuador y representantes de Estados Unidos suscribieron un acuerdo en la ciudad de Quito para potenciar la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Mediante este convenio, la UAFE tendrá acceso a tecnología avanzada de análisis de datos proporcionada por la compañía estadounidense Palantir. Esta herramienta tecnológica permitirá a las autoridades identificar redes financieras ilegales con mayor precisión, proporcionando insumos críticos para las investigaciones judiciales relacionadas con el lavado de activos y permitiendo el rastreo de las ganancias que financian las actividades delictivas en el país.
Asimismo, la cooperación se extendió a la lucha contra el crimen organizado especializado en delitos contra la persona. F. Cartwright Weiland y el ministro del Interior, John Reimberg, renovaron el acuerdo firmado en 2024, cuyo fin es robustecer las capacidades de los cuerpos policiales para enfrentar los secuestros y las extorsiones. En este contexto, el Departamento de Estado reconoció la labor conjunta realizada entre la unidad antisecuestros y antiextorsiones de Ecuador y la Embajada y Consulado estadounidense, un trabajo coordinado que permitió el rescate exitoso de ocho ciudadanos de Estados Unidos.
Finalmente, las autoridades de ambos países suscribieron una declaración de intención enfocada en combatir el tráfico ilegal de oro. Estados Unidos ha identificado esta actividad minera ilícita como una de las fuentes primordiales de financiamiento para las organizaciones narcoterroristas, por lo que la lucha contra este comercio ilegal se vuelve una prioridad estratégica para desmantelar la estructura económica de los grupos criminales.
