España ha vivido una jornada de huelga general marcada por la movilización ciudadana en demanda de salarios dignos y el derecho a una vivienda accesible. Las protestas, que han tenido un fuerte componente social impulsado por movimientos como el Sindicato de Inquilinas junto a CCOO y UGT, han derivado en diversos incidentes, detenciones y un impacto notable en los servicios de transporte y la actividad económica en varias regiones del país.
En Madrid, la movilización ha sido uno de los puntos neurálgicos de la jornada. Según la Delegación del Gobierno, unas 120.000 personas asistieron a la marcha que partió de la glorieta de Carlos V y finalizó en la Plaza de España. No obstante, el Sindicato de Inquilinas cifra la participación en 400.000 asistentes. Los manifestantes, encabezados por pancartas que denunciaban al rentismo, al Gobierno y a la patronal, corearon lemas como «Gobierno y patronal, alianza criminal» y «¿Dónde está el Gobierno progresista?». La jornada en la capital no estuvo exenta de tensiones; varias decenas de personas cortaron la carrera de San Jerónimo en un intento de llegar al Congreso de los Diputados, acción que fue frustrada por la Policía Nacional. Asimismo, se denunciaron empujones policiales en la Gran Vía para liberar la calzada, hechos criticados en redes sociales por figuras como la artista Samantha Hudson y la periodista María Barrier.
En Barcelona, la situación fue similar en cuanto a la disparidad de cifras. Mientras la Guardia Urbana estimó en 55.000 personas la manifestación que recorrió el Passeig de Gràcia, Urquinaona y Via Laietna, los organizadores situaron la cifra en 400.000. La marcha, promovida por el Sindicat de Llogateres y los sindicatos mayoritarios, se centró en la crisis de la vivienda con consignas como «Vivir! No sobrevivir». Al término de las manifestaciones, se registraron altercados en la zona de Passeig de Gràcia y Gran Vía, protagonizados por grupos de personas, muchas de ellas encapuchadas.
El impacto de la huelga se extendió a otras comunidades. En Euskadi, miles de personas se manifestaron contra la especulación inmobiliaria. Por el contrario, en Andalucía occidental, el mal tiempo provocado por la borrasca Charles obligó a suspender las marchas en Sevilla, Córdoba, Cádiz y Huelva. En estas últimas dos provincias, la Agencia de Emergencias (EMA) activó avisos naranja por vientos de hasta 120 kilómetros por hora, priorizando la seguridad de los asistentes.
En el ámbito político, la jornada ha generado fuertes fricciones. Irene Montero, dirigente de Podemos, ha exigido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, acusándolo de ser el responsable de una «represión intolerable» y de cargar contra los manifestantes. Por su parte, IU y Podemos calificaron la huelga como un «éxito», mientras que el portavoz del PP, Borja Sémper, afirmó que la convocatoria «va contra el sentido común» y perjudica al movimiento sindical.
Desde el punto de vista operativo, la huelga provocó disrupciones significativas. Renfe informó de la supresión del 24 % de los servicios de AVE y Larga Distancia, y del 10,2 % en Cercanías y Media Distancia. En el sector aéreo, se cancelaron 234 vuelos, aproximadamente el 5 % de los programados. Los puertos de Algeciras, Valencia, Barcelona y Tarragona también sufrieron parones, destacando el bloqueo de accesos en Barcelona y Tarragona por piquetes. En el sector mediático, Canal Sur Televisión permaneció cinco horas en negro antes de retomar sus emisiones. Además, Red Eléctrica (REE) registró una caída del consumo eléctrico del 7,5 % hasta las 11:00 horas.
La valoración del seguimiento de la huelga es contradictoria. La patronal CEOE y Cepyme tildaron la jornada de «fracaso», asegurando que el seguimiento fue inferior al 5 % de media. En Madrid, la CEIM estimó un 10 % en empresas privadas. Sin embargo, los sindicatos CCOO y UGT hablaron de un seguimiento «dispar» entre el 41 % y el 75 % según la región, alcanzando según sus datos un 84 % en Cataluña, aunque la patronal Pimec rebajó esa cifra al 8,9 %.
Finalmente, el balance de seguridad incluye alrededor de cuarenta detenidos en las primeras horas, con incidencias en Madrid, Cataluña y País Vasco. Se registraron cargas policiales y trece heridos en Mercamadrid, además de detenciones en Valladolid y Zamora por agresiones a agentes y atentados a la autoridad. Los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, han denunciado la actitud de la Policía, calificándola de «vergüenza» y adelantando la toma de medidas legales.
