El empresario argentino Federico “Fred” Machado fue condenado en Estados Unidos a cumplir una pena de seis años de prisión. La sentencia fue dictada por un juez federal del estado de Texas, quien procedió a validar el acuerdo de culpabilidad que el imputado había alcanzado previamente con la Fiscalía. Esta resolución pone fin a un proceso judicial que se extendió durante varios años de investigación sobre las actividades financieras del empresario.
El juez federal Amos Mazzant fue el encargado de dictar la sentencia, condenando a Machado por los delitos de conspirar para lavar dinero y cometer fraude electrónico. Según se desprende de la resolución, el fallo judicial define la situación del empresario en este expediente específico. Un punto relevante de la sentencia es que se descartaron las imputaciones relacionadas con el narcotráfico, ya que estas acusaciones no formaron parte del entendimiento judicial alcanzado entre la defensa de Machado y los fiscales.
El camino hacia esta condena incluyó un complejo proceso de extradición. Machado fue extraditado a territorio estadounidense en noviembre del año pasado. Esta medida fue posible luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación avalara la decisión tomada por el juez federal de Neuquén, Gustavo Villanueva. Previamente, el empresario había sido detenido en la provincia de Río Negro en el año 2021, siguiendo un pedido formal realizado por las autoridades de Estados Unidos.
La investigación judicial estadounidense apuntó a que Machado habría estado vinculado a una presunta estafa piramidal relacionada con la venta de aeronaves. Además de las maniobras de fraude electrónico, las pesquisas incluyeron el análisis de posibles operaciones de lavado de activos y narcotráfico. En este marco, se destaca que su socia, Debra Lynn Mercer-Erwin, ya había sido sentenciada anteriormente, recibiendo una condena de 16 años de prisión por hechos vinculados a la causa.
El caso de Federico Machado tuvo una fuerte repercusión en Argentina debido a los vínculos personales y financieros que mantuvo con el economista y político José Luis Espert. Durante el año 2019, Machado realizó aportes a la campaña presidencial de Espert. Entre el apoyo brindado, el empresario puso a disposición su avión privado, el cual fue utilizado en aproximadamente 30 viajes durante el periodo electoral.
Más allá del apoyo logístico, la controversia se profundizó debido a una transferencia de dinero realizada en el año 2020 por un monto de 200 mil dólares. Se pudo determinar que dichos fondos provinieron de Minas del Pueblo, una compañía minera con sede en Guatemala que se encuentra vinculada directamente con Machado. Ante la Justicia, José Luis Espert sostuvo que el movimiento de dinero respondía a un contrato de asesoramiento profesional por un valor total de un millón de dólares, aunque aseguró que solo había recibido una parte de esa suma.
Esta situación derivó en acciones judiciales en territorio argentino. El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, procesó al economista por el delito de lavado de dinero. Como parte de las medidas cautelares, el magistrado impuso un embargo sobre los bienes de Espert por un monto de mil millones de pesos y le prohibió salir del país.
En la resolución del procesamiento, el juez Mirabelli afirmó que se había corroborado, dentro de los alcances de esa etapa procesal, que Espert aplicó los 200 mil dólares recibidos de Machado, los cuales fueron calificados como de origen ilícito. Ante este escenario, la defensa de José Luis Espert presentó una apelación contra el procesamiento ante la Cámara Federal de San Martín, buscando revertir las medidas impuestas por el juzgado de San Isidro.






