Un juez federal mexicano fue capturado en Colombia mientras vacacionaba, revelando una profunda fractura en la cooperación judicial entre México y Estados Unidos.
Luis Benítez Alcantára, adscrito al Reclusorio Sur, fue detenido el 1 de noviembre, justo antes de que venciera su licencia sin goce de sueldo. El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que el juez recibió sobornos por 2 millones de dólares para liberar a un narcotraficante canadiense, quien formaba parte de una red criminal con operaciones superiores a los mil millones de dólares.
La orden de arresto fue girada en junio por el fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, y se activó una ficha roja de Interpol. No obstante, se presume que la Secretaría de Relaciones Exteriores de México omitió notificar al juez sobre este requerimiento, presuntamente bajo el argumento de que no existían pruebas suficientes.
Este caso intensifica la fricción bilateral. En el comunicado oficial, el Departamento de Justicia felicitó a la policía de Los Ángeles, a la policía montada de Canadá, a la Border Patrol, a Interpol y a la policía colombiana, omitiendo cualquier agradecimiento al gobierno mexicano, sugiriendo una falta de colaboración.
Este escenario ocurre en un momento crítico: el nombramiento de Stephen Miller como Coordinador de Asesores de la Casa Blanca y la publicación de un mapa en el Wall Street Journal que califica a México como “el estado cártel”.
A pesar de esto, dependencias como la Defensa, la Marina y Seguridad Federal mantienen la cooperación, recibiendo recientemente el agradecimiento de la DEA por la captura del R2 en Guadalajara.
Ante el inminente endurecimiento de la política exterior de la Casa Blanca, México enfrenta el reto de coordinar sus dependencias para evitar que estas discrepancias sirvan como pretexto para complicar la relación bilateral en los próximos dos años.
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