Nueva York refuerza la protección de los datos médicos privados. La fiscal general, Letitia James, ha publicado una guía detallada para orientar a pacientes, profesionales de la salud y abogados sobre las protecciones de la Ley Shield.
Esta normativa resguarda la información relacionada con servicios de aborto y atención médica de afirmación de género legalmente ofrecidos en el estado. El propósito fundamental es evitar que la información médica privada sea utilizada para perseguir a pacientes o proveedores de salud fuera de los límites de Nueva York.
El documento establece procedimientos estrictos para quienes reciban citaciones judiciales o solicitudes de investigación. Los afectados deben verificar la naturaleza de los datos, obtener una declaración jurada del solicitante que garantice que la información no será usada para castigar la atención legal, notificar a la Fiscalía General y esperar 30 días naturales antes de entregar los datos, salvo excepciones legales.
Estas garantías fueron ampliadas mediante la Ley Shield 2.0, firmada por la gobernadora Kathy Hochul, la cual incluye ahora a terapeutas, patólogos del habla y especialistas en salud mental. La protección abarca a pacientes, familiares, médicos, enfermeros, aseguradoras, abogados y personas que faciliten el traslado o financiamiento de los tratamientos.
La ley es clara: funcionarios estatales y tribunales no pueden colaborar con solicitudes destinadas a penalizar la atención médica protegida. El incumplimiento de estos protocolos conlleva sanciones económicas: la divulgación indebida puede generar multas de 10,000 dólares, mientras que presentar declaraciones juradas falsas para evadir la normativa puede resultar en penalidades de hasta 15,000 dólares.
Existen excepciones para el acceso de los pacientes a sus propios expedientes y procesos de facturación. La Fiscalía General insta a revisar las directrices en su portal oficial antes de responder a cualquier requerimiento.
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