Miles de familias salvadoreñas en Estados Unidos enfrentan una vez más la incertidumbre. El Estatus de Protección Temporal, conocido como TPS, venció formalmente el 9 de septiembre de 2026, dejando a una comunidad entera en un limbo migratorio.
Aunque el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, el USCIS, informó que los beneficiarios conservan su protección contra la deportación y el permiso de trabajo hasta que exista un nuevo anuncio oficial, la falta de una resolución definitiva genera angustia. Muchos de estos migrantes han vivido, trabajado y pagado impuestos en el país por más de dos décadas.
Arnoldo Díaz, organizador de la Alianza Nacional TPS, sostiene que no piden caridad, sino justicia para quienes han construido una vida en Estados Unidos. La esperanza ahora se deposita en el nuevo Congreso que asumirá funciones el 3 de enero de 2027, con mayoría demócrata en la Cámara de Representantes y el Senado.
Sin embargo, el camino hacia una residencia permanente es complejo. Para lograrlo, se requiere el consenso del Senado —donde suelen ser necesarios 60 votos para cerrar el debate— y superar el posible veto del presidente Donald Trump, el cual solo podría anularse con una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Legislativo.
La crisis ya tiene efectos tangibles. Algunos jubilados salvadoreños han recibido notificaciones de la Administración del Seguro Social informándoles que no pueden retirar su jubilación por no cumplir con el requisito de presencia legal vigente, a pesar de que el USCIS mantiene la validez de la protección actual.
Ante esto, la Alianza Nacional TPS planea intensificar el cabildeo, las movilizaciones y las reuniones con congresistas electos, sindicatos y cámaras empresariales para priorizar una salida migratoria duradera en la agenda legislativa. Mientras tanto, la definición administrativa sigue pendiente.
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