El Poder Judicial ha dictado una sentencia condenatoria de cinco años de pena privativa de la libertad contra un efectivo de tránsito de la Policía Nacional del Perú (PNP), tras determinarse su responsabilidad en un acto de corrupción ocurrido en el distrito de San Juan de Miraflores (SJM). El agente fue hallado culpable de recibir una suma de dinero a cambio de omitir las sanciones legales correspondientes a un ciudadano que conducía un vehículo en estado de ebriedad.
De acuerdo con la información proporcionada por el Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Sur, el efectivo policial fue imputado por el delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial. Esta calificación jurídica responde a la naturaleza de la acción realizada por el agente, quien utilizó su cargo y autoridad para obtener un beneficio económico ilícito.
Los hechos se remontan a una intervención de tránsito en la cual el suboficial PNP de primera, identificado con las iniciales P. S. U. y perteneciente a la Comisaría de San Juan de Miraflores, detuvo a un ciudadano que se encontraba conduciendo bajo los efectos del alcohol. En lugar de proceder con los protocolos establecidos por la ley para este tipo de infracciones graves, el agente solicitó la suma de S/4.000 al intervenido.
El objetivo de este pago irregular era evitar que el ciudadano enfrentara las consecuencias legales de sus actos. Específicamente, el suboficial ofreció no imponer la multa correspondiente, evitar la cancelación de la licencia de conducir del conductor y asegurar que el vehículo no fuera retenido por las autoridades policiales.
Sin embargo, las investigaciones fiscales revelaron que el agente no llegó a recibir la suma total solicitada, sino que obtuvo S/3.000. Fue precisamente en este contexto que el efectivo fue detenido en flagrancia dentro de las instalaciones de la comisaría de San Juan de Miraflores. Esta captura fue el resultado de un operativo coordinado y dirigido por los fiscales adjuntos provinciales Jimmy Mansilla Castañeda y Efraín Rivasplata Mora, quienes lograron interceptar al agente en el momento preciso.
Para sustentar la acusación presentada ante el Poder Judicial, la Fiscalía realizó un exhaustivo trabajo de recolección de pruebas. Entre las diligencias más relevantes, se encuentra la obtención de documentación oficial que permitió identificar plenamente al personal policial involucrado en el acto corrupto. Además, el Ministerio Público incorporó como prueba fundamental las grabaciones de las cámaras de videovigilancia de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores, las cuales proporcionaron el respaldo visual necesario para acreditar los hechos.
La sentencia emitida no se limita únicamente a la pena privativa de la libertad. Como parte de la condena, el Poder Judicial ha impuesto una sanción adicional consistente en cinco años de inhabilitación para el ejercicio de la función pública, lo que implica que el sentenciado no podrá desempeñar cargos oficiales durante ese periodo.
Asimismo, el tribunal estableció que el exefectivo policial deberá realizar el pago de S/9.000 por concepto de reparación civil. Este monto fue fijado siguiendo los requerimientos presentados por la Procuraduría Pública, con el fin de resarcir el daño causado por el acto de corrupción cometido en el ejercicio de sus funciones.
Con este fallo, se cierra el proceso judicial contra el suboficial P. S. U., subrayando la responsabilidad penal de aquellos agentes que vulneran la ética policial y la ley para beneficio personal, afectando la seguridad vial y la confianza en las instituciones de seguridad del Estado en el distrito de San Juan de Miraflores.
