En un esfuerzo por resolver las tensiones laborales dentro del Poder Judicial de la Federación (PJF), dirigentes sindicales y autoridades del Órgano de Administración Judicial (OAJ) han llegado a un acuerdo fundamental para dejar sin efectos el controvertido esquema de evaluación de la carrera judicial que había generado fuertes rechazos entre los trabajadores.
El encuentro, que tuvo lugar en las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), permitió que ambas partes consensuaran la modificación del acuerdo previo. El objetivo central de esta revisión es derogar de manera definitiva cualquier referencia que indique que los resultados de dicha evaluación podrían tener efectos sancionatorios para el personal. De igual forma, se ha eliminado la posibilidad de que los resultados de estas evaluaciones impliquen la separación del cargo de los servidores públicos involucrados.
A través de un comunicado oficial emitido por el Máximo Tribunal de Justicia de México, se detallaron otros cambios sustanciales que se implementarán en el proceso de evaluación. Entre estas modificaciones destaca la eliminación de la previsión que permitía la realización de evaluaciones extraordinarias solicitadas por los titulares. Esta medida responde a las preocupaciones del gremio sobre la posible arbitrariedad en la aplicación de dichos exámenes.
Además, la SCJN informó que se llevará a cabo una revisión y modificación de los porcentajes asignados a aquellos aspectos de la evaluación que pudieran implicar algún factor de subjetividad. Esta decisión surge como respuesta directa a las denuncias de los trabajadores, quienes habían calificado el sistema previo como "arbitrario y subjetivo", señalando específicamente que criterios como el "trabajo en equipo" eran demasiado ambiguos para ser utilizados como base de una evaluación profesional.
En contraposición al modelo anterior, el nuevo acuerdo establece de manera clara y categórica que la evaluación del desempeño no será una herramienta de castigo, sino que tendrá como propósito fundamental fortalecer la eficiencia, la eficacia y la calidad en la impartición de justicia en todo el país. Con este cambio de enfoque, la institución busca que el proceso sea percibido como un mecanismo de mejora continua y no como un instrumento punitivo.
Para dar validez legal a estos cambios, la Suprema Corte señaló que las modificaciones sustantivas realizadas al Acuerdo General serán publicadas a la brevedad en el Diario Oficial de la Federación (DOF), asegurando así la transparencia y la certeza jurídica para todos los implicados en la carrera judicial.
El órgano judicial subrayó que esta determinación es el resultado directo de un proceso de diálogo sostenido entre las representaciones de las y los trabajadores, la SCJN y el OAJ. Asimismo, destacó el compromiso institucional de atender los planteamientos y preocupaciones expresados por el personal, reconociendo la importancia de llegar a acuerdos que garanticen la estabilidad laboral.
Como consecuencia inmediata de este acuerdo y la resolución de las controversias sobre el "examen punitivo" —que ya había generado movilizaciones y sumado gremios en 20 estados—, se ha confirmado que los juzgados y tribunales del Poder Judicial retomarán sus actividades y laborarán con total normalidad el próximo lunes 9 de noviembre.
Este desenlace pone fin a un periodo de incertidumbre donde el personal judicial acusaba la implementación de criterios evaluativos que consideraban injustos. La transición hacia un modelo centrado en la calidad de la justicia y la eliminación de las consecuencias laborales negativas marca un punto de inflexión en la relación entre la administración judicial y su fuerza laboral.
