Rafael López Aliaga, dirigente de Renovación Popular y exalcalde de Lima, anunció que interpondrá una serie de recursos penales, civiles y constitucionales contra diversos integrantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Esta decisión surge como respuesta a la reciente fijación de un criterio por parte del organismo electoral que le impediría retomar la Alcaldía de Lima en su calidad de primer regidor.
El anuncio fue realizado durante un mitin llevado a cabo en el distrito de Carabayllo, donde López Aliaga se presentó ante aproximadamente 300 simpatizantes y estuvo acompañado por una alcaldesa electa de su partido político. En su discurso, el exalcalde y excandidato presidencial fue enfático al señalar que agotará todas las instancias legales antes de convocar a movilizaciones ciudadanas en las calles.
López Aliaga centró sus críticas en el presidente del JNE, Roberto Burneo, a quien acusó directamente de integrar un “grupo criminal”. El líder de Renovación Popular adelantó que presentará una denuncia penal contra Burneo por una presunta omisión de funciones, asegurando que el titular del organismo electoral “se ganó su denuncia penal”. Asimismo, cuestionó que el presidente del JNE no haya emitido una declaración pública respecto al criterio aplicado durante el proceso de proclamación de las autoridades municipales.
El conflicto se origina en la Resolución N.º 4557-2026-JNE, aprobada por mayoría en el pleno del organismo. Dicha resolución establece que aquellos alcaldes que hayan ejercido el cargo durante el periodo municipal inmediato anterior no pueden volver a ocuparlo de manera consecutiva. Este criterio se aplica incluso si el individuo postuló como primer regidor y busca acceder a la alcaldía mediante la figura de la sucesión.
Esta interpretación afecta directamente la situación de López Aliaga, quien fue elegido alcalde de Lima en el año 2022, pero renunció posteriormente para participar en las elecciones presidenciales. Tras ello, integró la lista municipal de Renovación Popular como primer regidor. Debido a que el candidato de su agrupación a la Alcaldía de Lima renunció, López Aliaga pretendía acceder al cargo siguiendo la sucesión prevista para el primer regidor hábil.
El líder partidario rechazó tajantemente la interpretación del JNE, argumentando que su postulación como primer regidor no vulnera la prohibición de la reelección inmediata. Según López Aliaga, la Constitución es clara al permitir que una persona postule al cargo de teniente alcalde. Además, citó la Ley Orgánica de Municipalidades, norma que regula la sucesión en casos de ausencia, vacancia o suspensión del alcalde, sosteniendo que dicha ley ampara su posibilidad de ocupar el puesto ante la salida del candidato que encabezaba la lista.
Durante su intervención, López Aliaga destacó que no hubo unanimidad en la decisión del JNE, señalando que dos integrantes del pleno emitieron votos en minoría. El político afirmó que estos magistrados advirtieron una presunta vulneración de la Constitución, calificándolos como “gente decente”.
Además de la disputa actual, el dirigente vinculó sus críticas con el desarrollo de las elecciones generales de abril, proceso en el que participó como candidato presidencial. López Aliaga denunció que existieron fallas graves en la distribución del material electoral y en el sistema de transmisión de resultados, situaciones que, a su juicio, perjudicaron especialmente a zonas de Lima Norte, mencionando específicamente a los distritos de Carabayllo y Puente Piedra.
El exburgomaestre afirmó que estas deficiencias dejaron sin votar a muchas personas en sectores de Lima donde él había trabajado. Asimismo, lanzó fuertes cuestionamientos al sistema de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), asegurando que sus personeros enfrentaron dificultades considerables para obtener las copias de las actas de sufragio.
Finalmente, López Aliaga reiteró que buscará demostrar supuestos actos de corrupción detrás de la decisión del JNE, aunque no presentó pruebas documentales durante su discurso en Carabayllo. Concluyó su intervención asegurando que sus recursos legales apuntan a revertir el criterio electoral antes de recurrir a las protestas, cerrando su mensaje con la frase: “Aquí Porky no es manco”.
