Una tragedia que comenzó en 2006 sigue buscando justicia en Panamá. La Corte Suprema de Justicia ha emitido sentencias que responsabilizan civilmente al Estado por la distribución de un medicamento contaminado que causó centenares de muertes y afectó a miles de personas.
El escándalo surgió cuando se detectó que un jarabe producido por el Laboratorio de la Caja de Seguro Social contenía dietilenglicol, un compuesto tóxico utilizado en refrigerantes industriales. El saldo oficial es devastador: aproximadamente 800 fallecidos y mil quinientas personas afectadas.
A pesar de los fallos judiciales, los damnificados denuncian que las reparaciones son insuficientes. José Sarmiento, de la Comisión de Familiares por el Derecho a la Salud y la Vida, señala que solo se han resuelto 75 demandas, mientras 472 permanecen en trámite ante el máximo tribunal.
La controversia crece por el monto de las indemnizaciones. Se han establecido 25 mil dólares por víctima, pero el 35 por ciento de esa suma se destina al pago de abogados, reduciendo considerablemente el monto final para los afectados. Además, se denuncian dificultades para certificar a víctimas de comunidades indígenas y presiones para renunciar a las demandas a cambio de subsidios sociales.
Como parte de la sentencia, el director de la CSS, Dino Mon, ofreció disculpas públicas por el sufrimiento causado. El tribunal también ordenó medidas simbólicas, como la construcción de un monumento, placas conmemorativas y la habilitación de un espacio informativo digital.
Este caso puso al descubierto graves fallas en los controles de adquisición, elaboración y distribución de fármacos en Panamá, dejando una herida abierta que las víctimas consideran que aún no ha sido reparada efectivamente.
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