La legislación panameña ha dado un paso adelante en la protección social de su población adulta mayor con la sanción de la Ley 562. Esta norma establece una serie de descuentos y beneficios adicionales destinados a jubilados, pensionados y personas de la tercera edad, diseñados para aliviar la carga económica en sectores críticos como la salud y la adecuación del hogar. No obstante, es fundamental precisar que estas medidas no entrarán en vigor de manera inmediata.
De acuerdo con lo estipulado en la normativa, los nuevos descuentos comenzarán a regir el 2 de mayo de 2027. Este plazo responde a que la ley establece un periodo de seis meses después de su promulgación para que las disposiciones sean aplicables, a pesar de que la norma fue sancionada el pasado 2 de noviembre. Esta ventana temporal ha generado algunas dudas entre la población beneficiaria sobre el alcance y la aplicación real de los incentivos.
Ante estas incertidumbres, Guillermo Cortés, representante de la Asociación Mundo de Jubilados, ha salido al frente para defender las modificaciones introducidas por la Ley 562. El dirigente rechazó categóricamente las versiones que sugieren que los beneficios ya estaban contemplados en la legislación anterior, específicamente en la Ley 6. Durante una entrevista con TVN Noticias, Cortés fue enfático al señalar que quienes sostienen que no hay cambios reales probablemente no han analizado detenidamente el contenido de ninguna de las dos leyes.
Según explicó Cortés, la reforma no solo amplía beneficios ya existentes, sino que incorpora descuentos en productos y servicios que anteriormente no contaban con ningún tipo de rebaja, enfocándose primordialmente en el área de la salud. Uno de los avances más significativos es la implementación de un descuento del 30% en procedimientos, intervenciones y terapias destinadas al tratamiento del cáncer. Esta medida es integral, ya que abarca también los medicamentos oncológicos, los agentes de soporte farmacéutico, así como los insumos y equipos necesarios para la atención del paciente. Cortés subrayó que, previamente, los tratamientos contra el cáncer no gozaban de descuentos, lo que representa un alivio financiero directo para los pacientes.
Otra incorporación relevante es el descuento del 20% en la compra de pañales desechables para adultos. Este beneficio responde a una necesidad recurrente y un gasto constante para muchas familias y adultos mayores que requieren estos productos para su cuidado diario. Al igual que en el caso del cáncer, el dirigente destacó que este rubro no contaba con una rebaja previa en la legislación anterior.
En cuanto a las consultas médicas, la Ley 562 optimiza los beneficios ya vigentes. En el caso de las consultas de medicina general, así como en las especialidades médicas y quirúrgicas, el descuento ha sido incrementado, pasando del 20% al 25%. Asimismo, la ley detalla rebajas específicas para otros servicios diagnósticos: los exámenes de laboratorio tendrán un descuento del 20%, mientras que los servicios radiológicos contarán con una rebaja del 30%.
En el ámbito de la salud visual, se ha establecido un descuento del 15% en servicios de optometría y oftalmología. Cortés hizo especial énfasis en el hecho de que se logró incorporar la optometría dentro de este grupo de beneficios, ampliando así el acceso a la salud visual.
Más allá de la medicina, la Ley 562 contempla la seguridad y accesibilidad en el entorno doméstico. Se ha aprobado un descuento del 15% en elementos destinados a mejorar la seguridad de la vivienda principal. Esto incluye la instalación de barras de apoyo y diversas adaptaciones básicas en los baños, buscando reducir el riesgo de accidentes domésticos y mejorar la autonomía de los adultos mayores.
Respecto a quiénes pueden acceder a estos beneficios, la ley es clara en sus criterios de edad y nacionalidad. Para los ciudadanos panameños, el beneficio aplica a jubilados y pensionados, así como a mujeres de 55 años o más y hombres de 60 años o más. En el caso de los extranjeros con residencia permanente, los límites de edad se ajustan a 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres.
Sobre esta diferencia en las edades para los residentes permanentes, Cortés explicó que fue el resultado de conversaciones durante la discusión de la propuesta, alineando estas edades con los criterios de retiro contemplados por la Caja de Seguro Social.
Finalmente, el dirigente resaltó que la Ley 562 no fue una imposición, sino el resultado de un proceso de consenso. En las mesas de diálogo participaron representantes de los jubilados, el sector comerciante, diputados y autoridades del Ejecutivo, quienes analizaron juntos las preocupaciones sobre los descuentos para llegar a un acuerdo equilibrado. Cortés concluyó asegurando que estos beneficios trascienden a la organización que él representa, impactando positivamente a toda la población adulta mayor del país.
