La Cámara de Diputadas y Diputados de Chile ha dado un paso significativo en el debate sobre la cultura automotriz al aprobar un proyecto de resolución que busca formalizar y normar la actividad del tuning en el país. A través de esta medida, el cuerpo legislativo solicita formalmente al Presidente de la República la conformación de una mesa de trabajo especializada, con el objetivo de avanzar en el reconocimiento y la regulación de esta práctica.
La iniciativa, que fue impulsada por la bancada del Partido de la Gente (PDG), contó con un respaldo mayoritario durante la sesión parlamentaria. El resultado de la votación reflejó un consenso amplio entre los legisladores, obteniendo un total de 126 votos a favor, mientras que solo 6 diputados votaron en contra y 3 optaron por la abstención. Este resultado evidencia el interés de gran parte del Congreso en establecer un marco normativo que ordene el mundo del tuning.
El propósito central de esta propuesta es la creación de reglas claras y la habilitación de espacios específicos para quienes se dedican a la modificación de vehículos. De acuerdo con el proyecto, se busca garantizar que los aficionados puedan desarrollar su actividad bajo condiciones de seguridad adecuadas, evitando así que se generen conflictos con las comunidades locales o se pongan en riesgo terceros.
Para lograr una regulación integral, la resolución propone que la mesa de trabajo sea multidisciplinaria. Se solicita la integración de representantes de diversos organismos gubernamentales, específicamente de los ministerios de Deporte, Transportes, Turismo y Prevención del Delito. Asimismo, se contempla la participación activa de la Federación Nacional de Automovilismo y de diversas organizaciones relacionadas directamente con la cultura del tuning.
El alcance de esta mesa de trabajo sería amplio, abordando diversos aspectos técnicos y de seguridad que actualmente carecen de una normativa específica. Entre los puntos clave a tratar destacan la definición de estándares técnicos para los vehículos modificados, la evaluación de las condiciones de los recintos donde se realicen estas actividades y la implementación de seguros adecuados. Además, se pondría énfasis en el establecimiento de protocolos de emergencia y en el control riguroso de las emisiones contaminantes y los niveles de ruido, factores críticos para la convivencia urbana.
Más allá de la seguridad y la técnica, la iniciativa tiene una mirada hacia el desarrollo económico y social. El proyecto considera la implementación de medidas de capacitación dirigidas a los talleres mecánicos y un sistema de apoyo para los proveedores del sector. De igual manera, se plantea que la regulación del tuning podría actuar como un motor para impulsar el turismo regional vinculado al mundo motor, aprovechando el interés de los aficionados en distintas zonas del país.
En el ámbito social, la propuesta busca integrar a las nuevas generaciones mediante la creación de programas que faciliten la participación de jóvenes y clubes de aficionados. El objetivo es que estos grupos cuenten con espacios habilitados y seguros donde puedan desarrollar su pasión sin incurrir en irregularidades.
La diputada Zandra Parisi, representante del PDG, valoró positivamente el resultado de la votación y subrayó la necesidad de diferenciar el tuning de otras actividades ilícitas. La parlamentaria enfatizó que es fundamental separar la cultura de la modificación vehicular de las carreras clandestinas y de cualquier conducta irresponsable que ponga en peligro la integridad de las personas.
En sus declaraciones, Parisi afirmó que el tuning no debe ser visto como sinónimo de irresponsabilidad ni de carreras ilegales. Por el contrario, señaló que para muchos jóvenes representa una pasión, una forma de expresión creativa y, en muchos casos, una oportunidad real de emprendimiento económico.
Con la aprobación de esta resolución, la iniciativa registra un avance en el debate legislativo. Sin embargo, es importante precisar que, al tratarse de un proyecto de resolución, esta medida no implica la creación inmediata de una ley. El siguiente paso depende ahora del Ejecutivo, quien deberá decidir si impulsa la mesa de trabajo solicitada y convoca a los actores del sector para analizar las posibles medidas regulatorias que se implementarán en Chile.
