Paris Jackson ha iniciado un proceso legal ante un tribunal de Los Ángeles, Estados Unidos, con el objetivo de que se ordene la transferencia de una suma considerable de dinero proveniente del patrimonio de su padre, el fallecido astro del pop Michael Jackson. La solicitud, presentada formalmente el pasado 29 de octubre, pide que se transfieran 600 millones de dólares a un fideicomiso familiar, del cual son beneficiarios directos ella y sus hermanos, Prince y Bigi.
En el documento judicial presentado, la solicitud plantea que este monto sirva para financiar parcialmente el fondo familiar. No obstante, la petición deja abierta la posibilidad de que sea el juez quien determine y fije una cifra distinta si lo considera pertinente, otorgando así un margen de maniobra a la autoridad judicial para decidir el monto final de la distribución.
La controversia gira en torno a las condiciones establecidas originalmente por el cantante en sus disposiciones testamentarias. Según lo detallado en la petición judicial, Michael Jackson dispuso que sus hijos comenzaran a percibir los ingresos generados por el fideicomiso al cumplir los 21 años. Por otro lado, el acceso a los desembolsos directos del capital principal del fondo estaba programado para ocurrir a partir de los 30 años. En la actualidad, los tres hijos ya han superado la barrera de los 21 años, y Prince, el hijo mayor, cuenta ya con 29 años de edad, lo que sitúa a los beneficiarios en el marco temporal previsto para el acceso a estos recursos.
El equipo legal que representa a Paris Jackson sostiene que existen argumentos financieros sólidos para proceder con esta transferencia. Según los abogados, la venta de diversos activos y la firma de otros acuerdos comerciales relacionados con la marca y el legado del artista han generado una liquidez suficiente para financiar una parte importante del fideicomiso. En este sentido, el escrito legal señala un punto crítico ocurrido en el año 2011, cuando los albaceas del patrimonio comunicaron al tribunal su intención de solicitar una distribución preliminar de los fondos. Sin embargo, el equipo de Paris afirma que, a pesar de esa intención comunicada hace más de una década, dicho pedido nunca llegó a presentarse formalmente ante la corte.
Por su parte, la administración del patrimonio, que se encuentra bajo la responsabilidad del albacea John Branca, ha ofrecido una perspectiva diferente sobre la situación. En declaraciones brindadas a la revista People, Branca señaló que el financiamiento total del fideicomiso está supeditado a la resolución de diversos asuntos legales que aún se encuentran pendientes. Entre estos conflictos, destaca un litigio prolongado con la autoridad tributaria de Estados Unidos.
El organismo fiscal estadounidense había reclamado originalmente una cifra exorbitante de 700 millones de dólares en concepto de impuestos y multas. No obstante, la sucesión de Michael Jackson ha aclarado que este monto se redujo significativamente tras un fallo judicial previo. Para la administración del patrimonio, estas disputas legales son el factor determinante que ha impedido la distribución total de los fondos solicitados por los herederos.
La sucesión ha negado rotundamente haber retenido o reducido los pagos que corresponden a los beneficiarios. En su defensa, afirmaron que ya se han destinado más de 200 millones de dólares en beneficio de los tres hermanos. A pesar de esta cifra, un portavoz de Paris Jackson ha rebatido estos argumentos, sosteniendo que John Branca tenía la capacidad financiera de financiar parcialmente el fideicomiso desde hace varios años, independientemente de los litigios pendientes.
Para cerrar el argumento legal, el equipo de defensa de Paris Jackson ha sido enfático al afirmar que el litigio con la autoridad tributaria no representa actualmente un obstáculo insalvable, ya que, según sus registros, no existen mociones ni apelaciones pendientes que justifiquen el retraso en la transferencia de los fondos solicitados. El caso ahora queda en manos del tribunal de Los Ángeles, que deberá analizar la liquidez actual del patrimonio y la validez de los argumentos presentados por ambas partes.
