La renuncia de Santiago Peña a la Presidencia de Paraguay abre un nuevo escenario institucional que deberá resolverse según los mecanismos establecidos en la Constitución Nacional. Ante este hecho, el vicepresidente Pedro Alliana asumirá automáticamente el mando del Poder Ejecutivo, completando el periodo constitucional hasta agosto de 2028.
Sin embargo, este movimiento deja vacante la Vicepresidencia, lo que obliga a activar un procedimiento específico detallado en el artículo 234 de la Carta Magna. La ley establece que, si la vacante ocurre durante los primeros tres años del mandato, corresponde convocar a elecciones populares. Pero, al producirse en los últimos dos años de gestión, la atribución de elegir al reemplazante recae exclusivamente en el Congreso Nacional.
Para cubrir el cargo, el Poder Legislativo —compuesto por 45 senadores y 80 diputados— deberá reunirse en sesión conjunta de ambas cámaras. La designación del nuevo vicepresidente requerirá una votación por mayoría absoluta, lo que significa que se necesitan al menos 63 votos. El candidato elegido deberá completar el mandato hasta el 15 de agosto de 2028.
Paraguay cuenta con antecedentes de este proceso. En junio de 2012, tras la destitución de Fernando Lugo y la asunción de Federico Franco, el Congreso eligió a Óscar Denis Sánchez con 84 votos. Asimismo, en 2018, luego de la renuncia de Juan Afara, Alicia Pucheta fue designada con 81 votos, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar la Vicepresidencia paraguaya.
En conclusión, la salida de Santiago Peña no implica la convocatoria a elecciones presidenciales anticipadas, sino que se resuelve mediante la sucesión constitucional y la designación parlamentaria para la vicepresidencia. Siguenos en Noticias lat para más noticias.
