Un tribunal de Hong Kong condenó este jueves a Joshua Wong, uno de los activistas prodemocracia más reconocidos de la ciudad semiautónoma, a una pena adicional de 10 años de prisión. La sentencia responde a cargos de "colusión con fuerzas extranjeras", según la resolución judicial.
El exlíder estudiantil, de 30 años, alcanzó fama internacional durante las masivas protestas de 2014 que sacudieron la antigua colonia británica, evento conocido como el "Movimiento de los Paraguas". Con esta nueva condena, Wong ha pasado ya un total de casi seis años en prisión a lo largo de su trayectoria activista.
El proceso judicial reveló que Wong enfrentaba el riesgo de una pena de prisión perpetua. No obstante, el tribunal determinó que un "punto de partida adecuado" para la sentencia eran los 13 años. Esta cifra fue posteriormente reducida a 10 años debido a que el activista presentó una declaración de culpabilidad en el mes de septiembre.
Esta sentencia llega en un momento en que diversos analistas esperaban que Wong recuperara su libertad en enero. Se preveía que saliera de prisión tras cumplir una condena de cuatro años y ocho meses por el delito de "subversión", cargo imputado en un juicio anterior basado en la ley de seguridad nacional impuesta en Hong Kong por el gobierno de China. Sin embargo, las autoridades del centro financiero utilizaron la misma legislación para acusar nuevamente al activista en junio de 2025, alegando que solicitó a entidades y países extranjeros la adopción de sanciones contra las autoridades locales y el gobierno chino.
La condena se enmarca en un clima de severidad legal. En febrero, el magnate prodemocracia Jimmy Lai, fundador del extinto diario Apple Daily, fue condenado a 20 años de prisión basándose en la misma ley de seguridad nacional.
La respuesta internacional ha sido inmediata. El consulado de los Estados Unidos en Hong Kong condenó vehementemente la sentencia, afirmando que el gobierno de Pekín "está dispuesto a llegar a extremos extraordinarios para silenciar a aquellos que defienden las libertades fundamentales" en la ciudad. Por su parte, el gobierno de Taiwán criticó que China y Hong Kong empleen "herramientas autoritarias para fabricar acusaciones y llevar adelante una persecución política sin fin".
En respuesta a estas declaraciones, Pekín advirtió que las partes involucradas deben respetar la soberanía de China y el sistema jurídico de Hong Kong, instándolas a detener los "comentarios irresponsables sobre los juicios" realizados en la ciudad. Asimismo, la organización Human Rights Watch calificó la pena como "cruel e injusta" y solicitó a los gobiernos extranjeros la aplicación de "sanciones específicas" ante la creciente represión en la zona.
Desde la perspectiva local, el jefe del Ejecutivo de Hong Kong, John Lee, enfatizó tras la sentencia que Joshua Wong ha demostrado un "desprezo absoluto por la ley". En sintonía con este control, Steve Tsang, director del Instituto de China de la Universidad SOAS de Londres, evaluó que Pekín mantiene un control rígido sobre Hong Kong y que no existe margen para regresar a la flexibilidad existente antes de 2019.
En una carta dirigida al tribunal en busca de atenuantes, Wong expresó que esperaba salir de prisión en 2027, pero que esta nueva acusación le hizo sentir que había "retornado al punto de partida". El activista escribió que su futuro no estaría definido por el pasado y describió los años pasados en cautiverio como las "lecciones más profundas" de su vida.
Durante su entrada al tribunal, Wong se mostró sereno frente a una fuerte presencia policial. Saludó a sus simpatizantes con la cabeza y, al salir, agradeció el apoyo de quienes lo esperaban, algunos de los cuales lloraban mientras expresaban su esperanza por su futura liberación. Entre sus seguidores, Margaret Chan, una jubilada de 61 años, calificó la situación como "desgarradora", describiendo a Wong como un joven excepcional. Por su parte, el activista Figo Chan manifestó su tristeza, señalando que no queda más opción que alentarse y apoyarse mutuamente.
La trayectoria de Wong ha estado marcada por la conflictividad judicial desde 2017. Las autoridades afirman que comenzó a ejercer presión internacional en 2016, promoviendo un proyecto de ley para que el presidente de Estados Unidos impusiera sanciones por violaciones de derechos humanos en Hong Kong. En 2019, integró una delegación en Estados Unidos para presionar a favor de dicha iniciativa, la cual fue finalmente aprobada. Posteriormente, en 2020, Pekín impuso la ley de seguridad nacional para sofocar la disidencia, lo que derivó en la disolución de grupos de oposición y el exilio de numerosos activistas. Wong fue una de las decenas de figuras prodemocracia detenidas por "subversión" en 2024, en el mayor juicio de seguridad nacional de la ciudad.
