El presidente Abelardo de la Espriella ha oficializado la Ley de Sometimiento tras la firma realizada este miércoles en la Casa de Nariño. Con la sanción presidencial, entra en vigencia la ley 2640, cuyo objetivo es dotar al Estado colombiano de instrumentos jurídicos para el restablecimiento del orden público, la protección de la población civil y el desmantelamiento de actores armados ilegales o terroristas que afecten la seguridad y los derechos de los ciudadanos.
El documento fue suscrito también por el presidente del Senado, Honorio Enríquez; el presidente de la Cámara, Nicolás Barguil; el ministro de Justicia, Iván Cancino; y el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez.
Un punto fundamental de esta norma es que descarta completamente las negociaciones y diálogos de carácter político con organizaciones criminales y narcoterroristas, eliminando así los componentes de la denominada "Paz total" de la administración de Gustavo Petro.
En cuanto al régimen penal, se establece un tratamiento diferenciado: los integrantes de base podrán obtener una reducción de hasta el 50% de su pena, mientras que los cabecillas y mandos tendrán una reducción máxima del 30%, con un cumplimiento mínimo obligatorio de 10 años de prisión efectiva. Para acceder a estos beneficios, el Gobierno exige la entrega de armas, el suministro de información para desmantelar estructuras, la devolución de bienes ilícitos y la liberación de secuestrados.
Asimismo, la ley contempla la suspensión de la ejecución de la pena durante los primeros 180 días para quienes colaboren con la justicia, y otorga un día de rebaja por cada jornada de trabajo en desminado, erradicación manual o justicia restaurativa.
Finalmente, existen restricciones severas para organizaciones que recluten menores de edad; en estos casos, los beneficios disminuyen a un máximo del 10% para mandos y 30% para otros miembros, manteniendo el mínimo de 10 años de prisión.
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