En un nuevo desarrollo judicial, la defensa técnica de Jean Andrés Pumarol Fernández ha presentado una solicitud formal ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, instando a que el acusado sea declarado inimputable. Esta petición se fundamenta en el argumento de que, al momento de los hechos que se le imputan, Pumarol Fernández padecía un trastorno mental y atravesaba un cuadro psicótico, circunstancias que, según la defensa, le impedían comprender la naturaleza de sus actos y la ilicitud de su conducta.
El abogado Richard Martínez, quien encabeza la defensa del imputado, ha mantenido una línea argumentativa constante desde las etapas iniciales del proceso judicial. Martínez ha insistido reiteradamente en que su representado no debe responder penalmente por los sucesos ocurridos, basando su postura estrictamente en la condición de salud mental del acusado, la cual consideraría como un factor determinante para eximirlo de responsabilidad criminal.
Este planteamiento no es nuevo en el expediente. Previamente, el juez Deiby Timoteo Peguero, titular del Séptimo Juzgado de la Instrucción, había acogido inicialmente esta misma solicitud, procediendo a descargar a Pumarol Fernández de responsabilidad penal basándose en los argumentos de salud mental. No obstante, dicha decisión fue posteriormente revocada por la Corte, la cual dispuso que el imputado debía ser enviado a un juicio de fondo para determinar su situación jurídica.
Ante la reiteración de la solicitud de inimputabilidad por parte de la defensa, el tribunal compuesto por las juezas Gisselle Méndez, Emily Bruno y Yuleika Henríquez ha tomado una medida cautelar procesal. Las magistradas han ordenado la realización de una evaluación pericial exhaustiva. El objetivo primordial de este nuevo peritaje es determinar si el acusado posee la capacidad mental necesaria para ejercer sus derechos constitucionales y procesales durante el desarrollo del juicio.
La defensa ha solicitado expresamente que el tribunal tome en consideración el estado mental específico que presentaba su cliente durante el ataque con arma blanca. Este violento suceso tuvo lugar el 23 de julio de 2025, en un residencial ubicado en el sector del ensanche Naco. En aquel episodio, Yolanda Handal Abogabir, de 70 años, perdió la vida tras ser atacada a puñaladas. Además de la víctima mortal, el ataque dejó un saldo de varias personas heridas, entre ellas Guillermo Pumarol, padre del imputado, y Teresa Fabián Heredia, quien se desempeñaba como cuidadora de la señora Handal. Asimismo, resultaron heridos tres vecinos del residencial: Francisco Tezano, Griselda Ozuna y Victoria Heredia.
Al disponer la realización del peritaje, las juezas Méndez, Bruno y Henríquez aclararon que el proceso debe garantizar el derecho de contradicción. En ese sentido, explicaron que todas las partes involucradas en el proceso deberán tener la oportunidad de examinar el informe pericial una vez sea entregado, permitiéndoles formular las observaciones, objeciones o comentarios que consideren pertinentes.
Además, el tribunal ha ordenado que el profesional responsable de llevar a cabo la evaluación mental comparezca personalmente en la audiencia. Esta medida busca que el perito pueda responder a las preguntas directas del tribunal y aclarar cualquier imprecisión o duda que surja del informe escrito, asegurando así la transparencia y el rigor técnico de la prueba.
Debido a la complejidad de estas diligencias y la necesidad de contar con los resultados del peritaje, el conocimiento del juicio ha sido aplazado. La nueva fecha fijada por el juzgado es el 30 de noviembre de 2026. Para ese momento, el tribunal espera tener en su poder los resultados de la evaluación y contar con la presencia del perito asignado.
Es importante destacar la distinción jurídica que subyace en este proceso: mientras que la solicitud de inimputabilidad de la defensa se enfoca en el estado mental del acusado al momento de cometer los hechos en 2025, la nueva evaluación ordenada por las juezas busca establecer la capacidad actual del imputado para enfrentar el proceso judicial y ejercer su defensa.
Por otro lado, la postura de la parte querellante y del Ministerio Público es opuesta. Miguel Valerio, abogado defensor de los familiares de la fallecida Yolanda Handal Abogabir, reiteró su posición de que Jean Andrés Pumarol Fernández debe ser juzgado bajo los mismos parámetros que cualquier otro imputado normal, sin beneficios de inimputabilidad. De manera concordante, el Ministerio Público manifestó su oposición formal a la petición presentada por la defensa técnica del acusado.
