El gobierno de Estados Unidos ha presentado una solicitud formal ante la Corte Suprema con el objetivo de que se obligue a las autoridades del estado de California a suspender la validez de más de 20.000 papeletas de voto. Esta medida busca congelar dichos sufragios hasta que se pueda comprobar y verificar fehacientemente la nacionalidad de los electores involucrados.
Esta acción legal se produce luego de que un tribunal federal rechazara, la semana pasada, un requerimiento similar interpuesto por el Departamento de Justicia. En aquella instancia, el gobierno federal había intentado que las autoridades electorales de California, estado tradicionalmente alineado con el partido demócrata, tomaran medidas restrictivas sobre el padrón electoral. El gobierno federal ha manifestado en repetidas ocasiones que California debe colaborar estrechamente para verificar la integridad de su censo de votantes.
El núcleo del conflicto radica en la distribución de competencias, ya que la organización de los procesos electorales es, por norma general, potestad de los estados. Esta situación generó una reacción contundente por parte del juez David Carter, quien estuvo a cargo de la decisión inicial del tribunal federal. En su fallo, el magistrado expresó una profunda alarma sobre las intenciones del poder ejecutivo.
El juez Carter señaló que nunca antes en la historia estadounidense el gobierno federal había intentado obligar a las autoridades locales y de un estado a renunciar a sus propios procedimientos electorales constitucionales para someterse a la voluntad del poder ejecutivo, especialmente en vísperas de unas elecciones. Para el juez, este intento pone en riesgo derechos constitucionales fundamentales y afecta la base misma de la democracia.
Además, el magistrado subrayó que la metodología empleada por el gobierno federal para determinar el número de extranjeros que podrían estar inscritos por error en los censos electorales no era fiable. Según la decisión judicial, dicho método estaba lastrado por la incertidumbre y la presencia de errores, lo que invalidaría la base técnica de la solicitud gubernamental.
A pesar de este rechazo judicial, la administración de Donald Trump anunció que recurriría la decisión de manera inmediata, solicitando al juez que suspendiera los efectos de su fallo. En este contexto, John Sauer, el procurador general que representa al gobierno federal ante la Corte Suprema, acudió a la máxima instancia judicial el pasado lunes. Sauer reiteró el argumento central del gobierno: según los cálculos realizados sobre el censo electoral de California, existen al menos 20.000 personas que probablemente no poseen la ciudadanía estadounidense y que, por ende, no deberían estar habilitadas para votar.
Este movimiento legal se enmarca en una narrativa recurrente de Donald Trump y el sector republicano, quienes agitan con frecuencia la posibilidad de un voto masivo de extranjeros en los comicios estadounidenses. No obstante, el texto señala que, según diversos cálculos, este fenómeno es en realidad extremadamente marginal.
Desde la perspectiva del análisis jurídico, las posibilidades de que este recurso prospere son bajas. Rick Hasen, experto en derecho electoral de la Universidad de California en Los Ángeles, indicó a través de su blog que es poco probable que la Corte Suprema acceda a la petición. Esta valoración se basa en la jurisprudencia establecida por el propio Tribunal Supremo, la cual se opone generalmente a cualquier decisión judicial que pretenda modificar o influir en las reglas de voto justo antes de la celebración de unos comicios.
