Bolivia se enfrenta a un escenario crítico en su sector energético. La viceministra de Hidrocarburos, Tatiana Genuzio, ha reconocido que el país podría verse obligado a comprar gas natural desde el año 2029.
Según las proyecciones oficiales, para esa fecha la producción nacional se igualaría con la demanda interna, lo que dejaría al Estado sin excedentes para cubrir sus necesidades. Ante esta situación, el Gobierno ya ha implementado el Decreto Supremo 5755, el cual habilita excepcionalmente la importación de gas natural y gas natural licuado, ya sea para consumo propio o para la generación de electricidad.
Para intentar postergar este escenario, el Ejecutivo apuesta por dos estrategias principales. La primera es la incorporación de energías renovables en la matriz eléctrica, buscando reducir la presión sobre el consumo de gas natural. La segunda es el impulso a una nueva Ley de Hidrocarburos, la cual se encuentra actualmente en revisión técnica por mesas institucionales y busca atraer nuevas inversiones.
Sin embargo, el camino hacia la recuperación de la producción es complejo. La viceministra atribuyó el deterioro de la oferta a la falta de exploración durante las últimas dos décadas. Advirtió que, debido a que los proyectos requieren entre cinco y siete años para pasar de la fase de exploración a la de explotación, las medidas adoptadas ahora no generarían producción adicional de manera inmediata.
En resumen, el Gobierno admite que, si no se toman acciones efectivas para diferir la fecha, el abastecimiento basado únicamente en producción propia solo está garantizado hasta 2029, haciendo que la importación de combustible sea una necesidad para asegurar el suministro energético del país.
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