Una comisión representativa de la Organización de Vecinos Afectados por las Urbanizaciones de Santa Cruz ha arribado a la ciudad de La Paz con el objetivo de participar en una movilización convocada para este lunes 26 de octubre. La medida de presión busca visibilizar y exigir soluciones concretas ante el Gobierno nacional en temas críticos relacionados con el derecho a la vivienda, el acceso a un trabajo digno y la estabilidad de la economía familiar de los afectados.
El presidente de la organización, Leonardo Montenegro, explicó en declaraciones a Urgente.bo que el traslado de la comisión a la sede de Gobierno responde al agotamiento de las vías de diálogo en su región de origen. Según Montenegro, los vecinos se han cansado de no recibir una respuesta favorable por parte de las autoridades locales y regionales en Santa Cruz, lo que los llevó a tomar la decisión de movilizarse hacia La Paz para hacer escuchar sus demandas directamente ante las instancias centrales del Estado.
En cuanto a la logística de la protesta en la ciudad de La Paz, Montenegro detalló que la marcha se iniciará el lunes 26 de octubre desde la zona de la multifuncional, específicamente desde la autopista de El Alto, para avanzar posteriormente hacia el centro de la ciudad. Esta movilización no será un hecho aislado, ya que el representante indicó que, de manera paralela, se llevarán a cabo acciones de protesta similares en la ciudad de Santa Cruz, coordinando así la presión en dos de los centros urbanos más importantes del país.
La comisión que se trasladó desde Santa Cruz está integrada por 50 vecinos, quienes cuentan con un respaldo multisectorial. Entre los grupos que apoyan estas reivindicaciones se encuentran trabajadores de la empresa Concretec, personal de aseo urbano, maestros independientes, estudiantes y diversas organizaciones juveniles, lo que demuestra que el malestar por la situación de las urbanizaciones ha permeado en distintos sectores sociales y profesionales.
En el núcleo de sus demandas, la organización solicita una reunión urgente con el ministro de Economía. El propósito de este encuentro es realizar el seguimiento formal al trámite de una resolución ministerial orientada a modificar la Resolución 245. Este punto es fundamental para los manifestantes, quienes ven en dicha modificación una vía legal para resolver sus conflictos habitacionales.
Además de la gestión administrativa, los afectados exigen la implementación de contratos de vivienda que estén libres de lo que califican como cláusulas "abusivas". En este sentido, la organización impulsa la creación de un proyecto de ley que brinde un respaldo jurídico sólido a sus reivindicaciones y proteja a las familias frente a posibles irregularidades contractuales en las urbanizaciones.
Otro punto crítico de la agenda de lucha es la estabilidad económica de los contratos. La organización exige estrictamente que se respete el tipo de cambio de 6,96 bolivianos por dólar en todos los contratos vinculados a las urbanizaciones, buscando evitar que las fluctuaciones cambiarias afecten la capacidad de pago y la economía de los hogares damnificados.
Ante la posibilidad de que el Gobierno ignore estas solicitudes, Leonardo Montenegro ha lanzado una advertencia clara sobre la radicalización de las medidas de presión. El dirigente señaló que la comisión no abandonará la ciudad de La Paz hasta obtener una respuesta satisfactoria a sus demandas. En caso de que el Ejecutivo continúe sin atender los puntos planteados, la organización no descarta el inicio de una huelga de hambre como medida extrema de protesta.
Finalmente, el presidente de la organización enfatizó que el objetivo primordial de estas acciones es defender los derechos de miles de familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad debido a los problemas con las urbanizaciones. En este contexto, Montenegro hizo un llamado abierto a otras organizaciones vecinales y sociales para que se sumen a la movilización, asegurando que permanecerán en la capital boliviana hasta conseguir los resultados esperados.
