Caos y vandalismo en el corazón de Barcelona. Una concentración de cerca de 600 jóvenes, convocada a través de redes sociales, derivó el pasado sábado en graves disturbios en los alrededores de la plaza Cataluña.
Lo que comenzó como una reunión no comunicada terminó con el saqueo de 14 comercios, la quema de mobiliario urbano y la construcción de barricadas con contenedores y vehículos en llamas. Los incidentes, que afectaron principalmente a tiendas de electrónica, ropa y óptica, obligaron a establecimientos como El Corte Inglés a cerrar sus persianas, dejando en algunos casos a centenares de clientes atrapados en el interior.
El Departamento de Interior ve en estos hechos un posible "espejo" de protestas ocurridas en otras ciudades europeas, bajo el lema “institutos indignados”. Ante la situación, la consellera de Interior, Núria Parlon, y el alcalde Jaume Collboni, fueron tajantes: no se trató de una defensa de derechos ni tuvo relación con la acampada por la vivienda instalada en la zona, sino de un episodio de “violencia gratuita y vandalismo”.
El despliegue de los Mossos d’Esquadra resultó en la detención de un centenar de personas, de las cuales una cuarta parte son menores de edad. El alcalde Collboni advirtió que el Ayuntamiento se personará en los procesos judiciales y que habrá consecuencias tanto para los mayores como para los padres de los menores implicados.
Por su parte, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, condenó rotundamente los destrozos asegurando que “la violencia no tiene cabida en Cataluña”. Illa subrayó que, aunque protestar es un derecho democrático, agredir o causar destrozos no lo es y aseguró que quien lo haga, lo pague.
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