En una operación conjunta coordinada el pasado 6 de octubre, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Fiscalía y el Departamento de Investigaciones de la Embajada de Estados Unidos intervinieron una comunidad denominada Earth-Waking Village, ubicada en San Isidro de El General, Pérez Zeledón. Durante el operativo, fueron detenidos cuatro ciudadanos estadounidenses sospechosos de ejecutar una serie de estafas que, según las pesquisas preliminares, ascienden a un monto total de $600.000.
Entre los aprehendidos se encuentra un hombre de apellido England, de 44 años, quien se presentaba como el líder espiritual y administrativo de la comunidad. Junto a él fueron detenidos su pareja, una mujer de apellido Hallman, también de 44 años; un hombre de apellido McDow, de 63 años; y una mujer identificada como Gingras, de 62 años. De acuerdo con la Policía Judicial, las víctimas, todas ellas extranjeras, entregaron sumas considerables de dinero bajo diversas promesas que, presuntamente, nunca fueron cumplidas.
Earth-Waking Village se promociona en plataformas como YouTube como un "Jardín del Edén", un oasis autosuficiente y alejado de la civilización, mientras que describe al mundo exterior como "Babilonia". Aunque los residentes se autodenominan cristianos y sostienen en sus redes sociales que no son una secta, testimonios de presuntas víctimas y el análisis del grupo sugieren una estructura de control basada en creencias extremistas. Según los relatos, el grupo cree que serán los únicos salvados ante un eventual fin del mundo.
El abogado Javier Chaverri Ross, quien representa a varias de las víctimas, señaló que los responsables de la comunidad se aprovechaban de personas en situación de vulnerabilidad, muchas de las cuales habían atravesado tragedias personales o familiares. Según Chaverri, el grupo implementaba una estrategia para que los nuevos integrantes rompieran vínculos con sus seres queridos, facilitando así el control absoluto sobre ellos.
El ardid financiero consistía, en apariencia, en ofrecer parcelas de terreno por un valor de $11.000. Sin embargo, posteriormente cambiaban las condiciones, indicando que los terrenos debían ser donados al líder. England, el principal sospecho, afirmaba que Dios hablaba a través de él y solicitaba a los pobladores la entrega total de sus bienes. Además, los dirigentes sostenían que el asentamiento era un territorio soberano, ajeno a las leyes de Costa Rica y Estados Unidos, argumentando que no debían pagar impuestos y que los conflictos internos se resolvían autónomamente.
Uno de los testimonios más impactantes es el de Ana, una mujer canadiense que llegó a la comunidad en noviembre de 2024 buscando paz tras perder familiares y amigos durante la pandemia. Atraída por reuniones en Zoom donde England promovía una vida "fuera de la red" y lejos de la corrupción gubernamental, Ana vendió todas sus posesiones en Canadá e invirtió $350.000 en el proyecto.
Inicialmente, Ana desembolsó $22.000 por dos lotes en una zona llamada "Grace 2" y, posteriormente, entregó un préstamo de $325.000 a England con la promesa de una tasa de interés del 7% y la devolución en un año. A pesar de haber abandonado el lugar hace seis meses, Ana afirma que no ha recuperado su dinero.
La experiencia de Ana se transformó en lo que ella describe como un "infierno" cuando comenzó a cuestionar los discursos de los líderes. A partir de ese momento, fue ridiculizada, llamada egoísta y acusada de estar "poseída por demonios". Según su relato, en la comunidad se realizaban ceremonias para expulsar demonios y se manipulaba a los miembros para demostrar su compromiso, llegando incluso a obligar a una mujer a raparse la cabeza. Ana fue finalmente expulsada el 5 de mayo tras una votación del "cuerpo de Dios", el consejo directivo del grupo, en medio de agresiones físicas y verbales.
Otros casos refuerzan la gravedad de la situación. Una mujer estadounidense relató que su hijo de 27 años, tras permanecer más de dos años en la comunidad, desarrolló una psicosis inducida por el consumo de sustancias psicodélicas, requiriendo cinco meses de internamiento en un centro de salud mental en Estados Unidos. Asimismo, se reportó el caso de otra mujer estadounidense que fue dada por desaparecida por sus familiares y localizada posteriormente mediante imágenes compartidas en redes sociales donde se la veía aislada en la aldea.
Actualmente, las presuntas estafas son investigadas bajo el expediente 26-000504-0219-PE. Los cuatro sospechosos fueron puestos en libertad bajo medidas cautelares por los próximos seis meses. Estas medidas incluyen la prohibición de salir del país, la entrega de sus pasaportes, la obligación de presentarse cada 15 días ante la Fiscalía y la prohibición estricta de intimidar o coaccionar a las personas ofendidas.