Francia se encuentra en un estado de alta tensión. El Gobierno francés ha señalado a la ultraizquierda como la responsable de un plan "insurreccional" tras los violentos disturbios que sacudieron el país el pasado fin de semana.
Con imágenes de edificios públicos incendiados y saqueos que dieron la vuelta al mundo, países como Estados Unidos, China y Alemania emitieron alertas de vigilancia para sus ciudadanos. El primer ministro, Sébastien Lecornu, denunció la existencia de un esquema planificado, citando el incendio del ayuntamiento de Limoges como un símbolo de estos desórdenes.
Las cifras de la represión son contundentes: más de 2.500 personas han sido detenidas y 123 permanecen en prisión. Entre los procesados destaca el caso de Manuel, un joven de 21 años condenado a dos meses de cárcel. Aunque alegó que solo viajó a París para celebrar su cumpleaños, la fiscalía presentó videos suyos lanzando cócteles Molotov y registros de búsquedas en ChatGPT sobre cómo protegerse de dichos artefactos.
Este escenario de violencia ocurre a solo seis meses de las elecciones para suceder al presidente Emmanuel Macron. Mientras la derecha y la extrema derecha critican que el Ejecutivo no anticipara los hechos, la izquierda lamenta que no se respondiera a las protestas pacíficas contra el alto costo de la vida.
Actualmente, rige un toque de queda en barrios de París y otras ciudades para evitar nuevos saqueos. La policía utiliza el Centro de Coordinación Operativa de Seguridad para identificar a los autores de los robos mediante videos de redes sociales, a quienes el Gobierno califica de "delincuentes oportunistas".
Ante el llamado a nuevas manifestaciones para el próximo sábado por parte de estudiantes y los chalecos amarillos, el primer ministro ha anunciado un dispositivo policial masivo.
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