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Congreso corre contra el tiempo: el Presupuesto General de 2027 se define en horas críticas

La Secretaría General de la corporación convocó una nueva sesión para este lunes 19 de octubre, a las 10:00 a. m.

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Congreso corre contra el tiempo: el Presupuesto General de 2027 se define en horas críticas

El Congreso de la República de Colombia se encuentra en una carrera contra el reloj para definir el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el año 2027. Con la fecha límite legal establecida para el próximo 20 de octubre, la corporación enfrenta un escenario de urgencia legislativa, marcado por dificultades previas de asistencia y una agenda apretada que pone en riesgo la aprobación del proyecto bajo los cauces ordinarios de debate.

La situación alcanzó un punto crítico la semana pasada, cuando la plenaria de la Cámara de Representantes se vio obligada a levantar la sesión destinada a la discusión del presupuesto. El motivo principal fue la falta de quórum, lo que impidió que los legisladores avanzaran en el análisis del articulado. De hecho, la sesión fue tan limitada que la discusión no logró superar la etapa inicial de votación de impedimentos, dejando el fondo del proyecto sin un análisis técnico o político en esa instancia.

Ante este panorama, la Secretaría General de la corporación ha convocado a una nueva sesión para este lunes 19 de octubre, programada para iniciar a las 10:00 a. m. Esta convocatoria es fundamental, ya que representa la última oportunidad real para que la Cámara de Representantes retome formalmente el debate justo un día antes de que venza el plazo legal. La presión es máxima, pues el tiempo disponible para discutir, modificar y aprobar el texto es extremadamente reducido.

Mientras tanto, el panorama en el Senado de la República es igualmente complejo. Hasta el momento, la plenaria de esta cámara aún no ha sesionado para discutir el Presupuesto General de 2027. A pesar de la ausencia de una sesión plenaria formal, los senadores pertenecientes a la oposición sí llevaron a cabo una reunión la semana pasada con el objetivo de ejercer el control político sobre la iniciativa, analizando los posibles impactos y ajustes necesarios al proyecto.

El riesgo institucional es claro: si las plenarias de ambas cámaras no logran retomar la discusión y alcanzar una conciliación entre el lunes y el martes de esta semana, el proyecto no sería aprobado por el legislativo en los términos deseados. En ese caso, el proyecto que ya fue aprobado en primer debate pasaría a aprobarse vía decreto, eliminando la posibilidad de que el Congreso realice ajustes adicionales al contenido final.

En cuanto a los aspectos técnicos y financieros de la ponencia para el segundo debate, se han propuesto ajustes significativos que buscan redistribuir los recursos del Estado. El cambio más notable es un recorte sustancial en el servicio de la deuda, donde se propone una reducción de 8,36 billones de pesos. De concretarse esta medida, el monto destinado al pago de deuda pasaría de los 152,4 billones de pesos iniciales a 144,1 billones de pesos.

Otro de los ejes centrales de la propuesta se encuentra en la cartera económica. La ponencia para el segundo debate sugiere una adición de 4,5 billones de pesos para el Ministerio de Hacienda. Este incremento se desglosa en 3,9 billones de pesos destinados específicamente a inversión y 600.000 millones de pesos orientados a gastos de funcionamiento. Con esta modificación, el presupuesto total del sector pasaría de 43,5 billones a 48 billones de pesos.

Asimismo, el sector de Minas y Energía recibiría un impulso financiero considerable. Se propone adicionar 3 billones de pesos para financiar subsidios críticos a las tarifas de energía eléctrica, gas por redes y Gas Licuado de Petróleo (GLP), además de cubrir los costos del transporte de combustibles líquidos en las zonas de frontera. Si este ajuste es aprobado, el presupuesto de este sector ascendería de 7,5 billones a 10,51 billones de pesos.

Finalmente, la ponencia contempla ajustes para los Organismos de Control. Se propone una adición neta de 267.000 millones de pesos, cifra que resulta de sumar 310.000 millones de pesos y restar 43.000 millones de pesos asignados a la Procuraduría General de la Nación. El destino de estos recursos y la viabilidad de los recortes en la deuda serán los puntos neurálgicos de la discusión que se llevará a cabo en las próximas horas.

Esta nota fue producida por la redacción de Noticias.lat: verificamos la información en fuentes públicas y la reescribimos con nuestro criterio editorial. No republicamos textos de terceros.