El balance de los daños ocasionados por el terremoto ocurrido el pasado 9 de octubre continúa revelando la magnitud de la crisis que atraviesa Panamá. De acuerdo con el reporte preliminar n.º 15 emitido por el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), con corte al sábado 17 de octubre, la cifra de personas afectadas asciende a 26,018, mientras que el número de viviendas evaluadas alcanza las 7,933 estructuras.
Dentro del análisis habitacional, el SINAPROC ha identificado que 1,952 viviendas presentan daños totales. No obstante, el desglose de las inspecciones muestra una inconsistencia en los datos disponibles: la suma de las categorías detalladas representa 6,028 inmuebles, lo que deja un remanente de 1,905 viviendas evaluadas sin una clasificación específica. Esta diferencia técnica deberá ser aclarada por la institución para obtener un panorama exhaustivo de la situación inmobiliaria.
La emergencia humana se distribuye según la gravedad de las afectaciones en los hogares. De las 26,018 personas impactadas, 12,000 se encuentran en una situación de daño grave, 9,000 presentan daños moderados y 5,018 reportan afectaciones leves. Esta clasificación será el eje central para determinar qué inmuebles podrán ser rehabilitados, cuáles requieren estudios estructurales profundos y en qué casos será imperativo construir nuevas viviendas.
Además de los daños materiales, el reporte contabiliza 27 personas lesionadas. Las autoridades han puesto especial énfasis en la identificación de grupos vulnerables que requieren atención diferenciada, registrando a 547 adultos mayores, 1,675 niños y 158 personas con discapacidad. Estos datos son fundamentales para coordinar la asistencia médica, la accesibilidad en los albergues y la distribución eficiente de la ayuda humanitaria.
El impacto del sismo se extendió a infraestructuras críticas. Se han registrado daños en centros educativos, instalaciones sanitarias, vías de comunicación y edificios públicos. Las afectaciones en las escuelas ponen en riesgo la continuidad del calendario escolar, mientras que los daños en los centros de salud complican la atención médica en las zonas más golpeadas. Asimismo, la inspección de carreteras y puentes es prioritaria para garantizar que los suministros y los equipos de emergencia puedan llegar a las comunidades aisladas.
En cuanto a la situación de refugio, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) informó el domingo 18 de octubre que aproximadamente 3,827 personas permanecen alojadas en 55 albergues. Estos centros están distribuidos en seis provincias y la comarca Ngäbe-Buglé, donde se brinda alimentación, asistencia médica y acompañamiento psicológico y social. Las autoridades subrayan la importancia de garantizar condiciones dignas para quienes no pueden regresar a sus hogares mientras se completan las evaluaciones técnicas.
Desde el frente de la recuperación, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) ha iniciado labores de demolición, remoción de escombros y reparación. El Gobierno anunció la asignación de 1,300 soluciones habitacionales distribuidas entre cuatro empresas, con un costo estimado de B/.32,500 por unidad. Esto representaría un monto de referencia de B/.42.25 millones, aunque se aclara que esta cifra no constituye una certificación de pagos ejecutados o contratos firmados.
El proceso de reconstrucción enfrenta retos técnicos y logísticos. El Miviot ha sido enfático en que las nuevas viviendas se ubicarán estrictamente en terrenos seguros, prohibiendo la reconstrucción en áreas vulnerables a inundaciones o deslizamientos. Para las familias que deban ser reubicadas, el Gobierno deberá proporcionar información clara sobre el acceso a servicios básicos, escuelas y centros de salud.
Finalmente, la magnitud del desastre plantea la necesidad de un seguimiento público y transparente. Quedan pendientes respuestas sobre el cronograma de entrega de las viviendas, el desglose exacto entre construcciones nuevas y reparaciones, y la actualización periódica de los resultados de las inspecciones estructurales. La meta final es asegurar que los recursos públicos se traduzcan en soluciones concretas y seguras para las miles de familias panameñas afectadas.
