Un grupo compuesto por 18 socios productores ha presentado una denuncia penal por presunta estafa contra el reconocido escritor Hernán Casciari, quien se desempeña como socio gerente de Orsai Audiovisuales. La acción judicial surge a raíz de supuestas irregularidades en el manejo de fondos destinados a la producción de diversas películas, series y documentales, donde los inversores denuncian una gestión opaca y la falta de rendiciones de cuentas claras.
La presentación legal, coordinada a través del abogado Ariel Gil Ces, sostiene que Casciari habría promocionado diversas oportunidades de inversión prometiendo rentabilidades atractivas. Según el escrito, en algunos casos se llegó a plantear la posibilidad de duplicar o incluso triplicar el capital aportado. Sin embargo, los denunciantes aseguran que la realidad financiera fue muy distinta, habiendo recibido retornos mínimos o, en diversos casos, nulos, lo que motivó el pedido a la Justicia para que se investigue el destino final del dinero.
De acuerdo con los detalles de la causa, los montos aportados por cada uno de los denunciantes oscilaron entre los 50 y los 3.000 dólares. A pesar de las promesas iniciales, los retornos obtenidos no habrían superado, en la gran mayoría de los casos, el 3% del capital invertido. Algunos de los socios afirman que no han recuperado ninguna parte de su dinero, por lo que la investigación judicial busca determinar si estos perjuicios individuales forman parte de una operatoria común y sistemática.
El modelo de financiamiento implementado por Orsai Audiovisuales se basaba en la venta de bonos. A través de este sistema, quienes adquirían dichos instrumentos se convertían en socios productores, lo que les otorgaba una participación proporcional en los ingresos generados por las obras y, teóricamente, acceso a información financiera detallada. La denuncia subraya que este acuerdo incluía la obligatoriedad de realizar rendiciones de gastos y permitir la participación de los inversores en ciertas decisiones vinculadas a los proyectos.
No obstante, los firmantes de la denuncia sostienen que, ante sus reiteradas consultas, la empresa solo entregó planillas con cifras generales. Critican la ausencia total de documentación respaldatoria, tales como facturas, contratos, recibos u otros comprobantes que permitieran verificar los movimientos económicos reales. Asimismo, cuestionan la falta de presupuestos detallados por rubro y la inexistencia de rendiciones diferenciadas cuando alguna producción sufrió cambios en su formato o en sus condiciones de distribución.
Uno de los casos más emblemáticos mencionados es el de "Canelones". El proyecto fue inicialmente anunciado como una miniserie de seis capítulos, luego se comunicó que sería una serie de cuatro episodios y, finalmente, se transformó en una película. Los socios relatan que en 2024 asistieron a una proyección de una versión que aún presentaba pendientes técnicos. Posteriormente, en julio de 2026, se informó el estreno cinematográfico para el 6 de agosto y un posterior lanzamiento en streaming, decisiones que, según los denunciantes, fueron tomadas sin ninguna instancia de consulta previa con quienes financiaron la obra.
Otro punto crítico del reclamo es el presunto cruce de fondos. Los inversores sospechan que el dinero aportado para una producción específica fue utilizado para cubrir necesidades financieras de otro proyecto sin el consentimiento de los implicados. La denuncia hace referencia a declaraciones públicas atribuidas a Casciari, donde se mencionaría el uso de recursos de proyectos posteriores para solventar gastos extraordinarios de obras anteriores, una práctica que los socios consideran irregular dado que los grupos de inversores no siempre coincidían entre una producción y otra.
En cuanto a la película "La Uruguaya", el escrito señala que la obra habría recaudado cerca de 600.000 dólares. Si bien los denunciantes admiten haber recuperado el capital invertido tras la venta de derechos para América Latina, aseguran que no percibieron ganancias posteriores, a pesar de los anuncios sobre posibles operaciones comerciales en otros territorios. Por otro lado, los resultados de "La muerte de un comediante", dirigida y protagonizada por Diego Peretti, son severamente cuestionados: algunos inversores habrían recibido sumas que van desde 1 hasta 84,60 dólares por aportes originales de hasta 3.000 dólares.
La denuncia también alcanza al proyecto "Emi On Off", una producción de animación sobre el futbolista Emiliano Martínez. Los socios afirman que la obra fue cedida a PEGSA y vinculada a Netflix con modificaciones de formato que no fueron consultadas. Finalmente, sobre el documental "D.A.M.", referido a Diego Maradona, se plantea que se continuó con la venta de bonos mientras aún se tramitaban los derechos de imagen. Además, mencionan que Casciari habría declarado públicamente que Orsai Audiovisuales había dejado de existir y que el proyecto pertenecía a Orsai Tech, aunque la comercialización de bonos seguía activa en el sitio de la firma denunciada.
Ante este escenario, los afectados solicitaron una auditoría contable integral y una rendición de cuentas detallada. Asimismo, pidieron que se requiera información a organismos como la Inspección General de Justicia (IGJ), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Banco Central de la República Argentina y el Registro Nacional de las Personas, incluyendo la identificación de las cuentas bancarias tanto de la sociedad como del propio Casciari.
Como prueba, se adjuntaron comprobantes de transferencias, correos electrónicos, términos y condiciones, capturas de billeteras virtuales y registros de intervenciones públicas. Los denunciantes señalaron que diversos reclamos formales enviados mediante cartas documento fueron rechazados, devueltos o simplemente ignorados. La causa se tramita actualmente en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 34 y la Fiscalía N.º 16 de la Ciudad de Buenos Aires. Se ha solicitado que Casciari y cualquier otro involucrado sean convocados a declaración indagatoria conforme avance la investigación, recordando que estas acusaciones deben ser analizadas por la Justicia y no implican, por sí mismas, una sentencia de culpabilidad.
