La alarmante crisis de violencia, hostigamiento y bullying en las instituciones educativas peruanas ha sumado un nuevo y estremecedor episodio en la región de Piura. En un hecho que ha dejado consternada a la comunidad local, una estudiante fue víctima de una agresión física brutal por parte de una compañera, quien utilizó una cuchilla para propinarle un corte en el rostro, dejando secuelas físicas y psicológicas profundas en la menor.
El incidente tuvo lugar en las instalaciones del colegio José María Raygada Gallo, ubicado en el distrito de Querecotillo. De acuerdo con la información reportada, el ataque ocurrió el pasado viernes 16 de octubre, precisamente durante la hora del recreo, un espacio que debería ser de esparcimiento y seguridad para los alumnos, pero que en esta ocasión se convirtió en el escenario de un acto de violencia extrema.
Tras el ataque, la familia de la víctima fue notificada de inmediato sobre la gravedad de lo sucedido. Ante la emergencia, los familiares se apersonaron rápidamente al centro educativo en compañía de efectivos de la Policía Nacional para intervenir en la situación y asegurar la atención de la menor. La gravedad de la herida fue tal que la estudiante tuvo que ser trasladada a la posta médica local para recibir los primeros auxilios y la atención especializada necesaria.
Los familiares de la víctima han manifestado su indignación y profundo temor ante la vulnerabilidad de los estudiantes dentro del plantel. En declaraciones recogidas, expresaron que resulta inaceptable y alarmante que la integridad física de sus hijos se vea comprometida en un entorno educativo, el cual, por definición y responsabilidad institucional, debería ser un lugar seguro. La familia detalló que, al momento de recibir el aviso y ver a la menor, pudieron observar que gran parte de las capas de la piel de su rostro estaban expuestas, lo que evidencia la peligrosidad del objeto utilizado y la saña del ataque.
Ante la gravedad de los hechos, los padres buscaron al director de la institución educativa para exigir las explicaciones correspondientes. Según el relato de la familia, la respuesta de la autoridad escolar fue insuficiente y evasiva. El director indicó que el incidente ocurrió mientras la alumna bajaba las escaleras durante el tiempo de recreo. Sin embargo, la respuesta más controversial llegó cuando los familiares cuestionaron cómo es posible que una estudiante haya ingresado y portara una cuchilla dentro del colegio. Ante esto, el director señaló que la institución no puede supervisar a todos los alumnos y que no cuentan con el tiempo necesario para realizar revisiones exhaustivas.
Sumado a la falta de control preventivo, la familia denunció que, hasta el momento, la institución educativa no ha iniciado ninguna investigación formal sobre el ataque, dejando un vacío de justicia y responsabilidad administrativa que agrava la situación de las víctimas.
Un dato revelador y sumamente preocupante es que, según informaron en la dirección del colegio, esta no fue la primera agresión cometida por la alumna atacante. Se les notificó a los familiares de la víctima que, apenas un día antes del ataque con la cuchilla, la misma joven ya había agredido a otra compañera. En aquella primera ocasión, la dirección había contactado a los padres de la agresora, quienes se comprometieron a que este tipo de incidentes no volverían a repetirse. No obstante, dicho compromiso resultó insuficiente, permitiendo que la menor regresara al colegio y cometiera un acto aún más violento el viernes siguiente.
Más allá de las heridas físicas, el impacto emocional en la víctima es devastador. Sus familiares han expresado un miedo genuino y profundo sobre el estado mental de la escolar. Debido a que su rostro ha quedado desfigurado por el corte y que se encuentra emocionalmente dañada, los padres temen que la menor pueda tomar una decisión fatal sobre su propia vida. La combinación del trauma físico y la secuela psicológica ha puesto a la familia en un estado de alerta constante y angustia.
Este caso pone nuevamente sobre la mesa la urgencia de implementar protocolos de seguridad más estrictos en los colegios y la necesidad de que las autoridades educativas no minimicen los reportes de violencia previos, ya que la omisión de medidas correctivas puede derivar en tragedias irreparables.
