La audiencia de formalización del alcalde de Chillán, Camilo Benavente, ha tomado un giro complejo tras ser extendida hasta el próximo lunes. El jefe comunal se encuentra en el centro de una investigación judicial por dos presuntos delitos de fraude al fisco, los cuales estarían directamente relacionados con el proceso de adquisición de la medialuna municipal, una operación que ha generado fuertes cuestionamientos administrativos y financieros.
El procedimiento judicial, que comenzó el pasado viernes, se retomará el lunes a las 8:00 horas. En esta nueva jornada, el tribunal deberá resolver la discusión sobre las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público, las cuales buscan restringir la libertad y el accionar del alcalde mientras avanza el proceso. Durante su llegada al Juzgado de Garantía de Chillán, Benavente fue recibido por un grupo de ciudadanos que manifestaron su apoyo público al mandatario local.
La fiscal Nadia Espinoza, encargada de la persecución penal, detalló que la formalización se basa en dos hechos concretos que, según el criterio del Ministerio Público, constituyen delitos de fraude al fisco cometidos por el alcalde en calidad de autor. La fiscalía sostiene que el actuar de Benavente fue contrario a los intereses del patrimonio del Estado y, específicamente, afectó el patrimonio de la municipalidad a través de las negociaciones efectuadas con la sociedad Fiesta del Caballo Chileno.
El primer hecho imputado se refiere a la valoración y pago del inmueble. Según expuso la fiscal, el concejo municipal aprobó el 9 de noviembre de 2021 la suscripción de los contratos de promesa y compraventa del predio por un monto total de 3.276 millones 160 mil pesos. No obstante, el Ministerio Público advirtió una irregularidad temporal crítica: las tres tasaciones ordenadas por el municipio se realizaron recién un mes después de la aprobación del pago. Para la fiscalía, el valor real del terreno es muy inferior a la cifra que efectivamente fue cancelada.
El segundo hecho imputado es igualmente grave. La fiscalía sostiene que el alcalde Benavente acordó con la sociedad vendedora la restitución de diversos elementos estructurales de la medialuna, incluyendo graderías, corrales, techumbres, ventanales, estructuras de madera y otros enseres. Según la acusación, esta información fue omitida deliberadamente ante el concejo municipal al momento de aprobar la compraventa. Dado que estos elementos tenían un valor económico que ya había sido incluido en el precio final pactado, la fiscalía estima que se defraudó el patrimonio municipal en aproximadamente 200 millones de pesos.
Ante estas acusaciones, la defensa técnica del alcalde, liderada por el abogado Marcelo Villena, ha refutado categóricamente los argumentos fiscales. Villena sostuvo que existen antecedentes y documentos de organismos públicos anteriores a la administración de Camilo Benavente que respaldan el monto pagado. Según la defensa, la cifra de 3.276 millones de pesos no solo es coherente con tasaciones técnicas, sino que es significativamente menor a los 5.000 millones de pesos que la parte vendedora había solicitado inicialmente.
El abogado defensor enfatizó su confianza en que la revisión de los antecedentes técnicos, administrativos y jurídicos permitirá esclarecer el contexto de la adquisición, asegurando que su compromiso es colaborar con la justicia basándose en los hechos y el derecho.
Uno de los puntos más críticos de la audiencia será la definición de las medidas cautelares. La Fiscalía ha solicitado al tribunal que se imponga al alcalde un arresto domiciliario total, arraigo nacional y la prohibición absoluta de acercarse a las dependencias municipales o mantener contacto con sus funcionarios. La fiscal Espinoza justificó estas solicitudes argumentando la necesidad de garantizar los fines del procedimiento, ya que aún quedan diligencias pendientes y se han detectado presuntas presiones ejercidas por el ente municipal hacia sus subalternos durante la entrega de declaraciones.
Finalmente, el alcalde Camilo Benavente descartó cualquier irregularidad en su gestión y aseguró que los antecedentes presentados respaldan su actuación. El jefe comunal valoró la oportunidad de resolver judicialmente los cuestionamientos que lo han perseguido durante los últimos años, atribuyendo las denuncias a motivaciones políticas. Benavente afirmó sentirse tranquilo y manifestó su deseo de que el proceso permita demostrar que las cosas se hicieron de buena manera, permitiéndole salir a salvo de estas investigaciones.
