A poco más de dos meses de haberse registrado el terremoto que dejó a cientos de miles de damnificados en el territorio nacional, la Fundación Colombia Luz y Sonrisas ha presentado un reporte detallado sobre su gestión en el marco de la emergencia. La entidad, la cual fue fundada y es representada legalmente por la primera dama, Ana Lucía Pineda, ha emitido este documento con el objetivo primordial de promover la transparencia, generar confianza y fomentar la participación continua de sus donantes, aliados estratégicos y las comunidades que han resultado beneficiarias de sus acciones.
En el balance presentado, la organización enfatiza que la rendición de cuentas clara y oportuna es la manera de honrar el compromiso adquirido con las familias afectadas. Según el documento, cada aporte recibido, ya sea en forma de recursos económicos o en bienes materiales, representa una responsabilidad directa con quienes perdieron sus hogares y medios de vida a causa del sismo.
Respecto a su naturaleza jurídica, se subraya que la Fundación Colombia Luz y Sonrisas fue constituida el 7 de julio de 2026 como una entidad privada sin ánimo de lucro. Su propósito fundamental es promover el bienestar y el desarrollo integral de las comunidades, poniendo especial énfasis en aquellas personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad. Para alcanzar estos objetivos, la gestión de la fundación se orienta hacia el fortalecimiento de los núcleos familiares, la atención humanitaria inmediata y la entrega transparente de bienes de primera necesidad.
Asimismo, el plan de acción de la entidad contempla el impulso de soluciones de vivienda digna, el desarrollo de programas enfocados en salud, nutrición, educación, cultura, recreación y deporte, además de la promoción de oportunidades de formación, emprendimiento y generación de ingresos para los afectados. Para ejecutar estas metas, la fundación articula esfuerzos y establece alianzas con diversas entidades públicas, privadas, sociales y de cooperación, tanto a nivel nacional como internacional.
En lo que respecta a la respuesta ante el terremoto, la fundación ha estructurado su trabajo en dos fases diferenciadas. La primera etapa se centró exclusivamente en salvaguardar vidas mediante la atención inmediata a los damnificados. Para ello, se coordinó la implementación de centros de acopio, la movilización de voluntarios, la gestión logística, la entrega de ayudas humanitarias y la disposición de personal capacitado para brindar acompañamiento emocional a las víctimas.
La segunda fase se ha concentrado en los procesos de reconstrucción. Para este fin, la organización se ha apoyado en equipos de trabajo de alta calidad y en una gestión rigurosa de los recursos. El objetivo ha sido la consolidación de alianzas y convenios que permitan reconstruir, bajo criterios de seguridad y sostenibilidad, tres instituciones educativas y tres entidades prestadoras de servicios de salud, asegurando así el retorno de servicios básicos esenciales para la comunidad.
Operativamente, este despliegue se ha traducido en la creación de más de 30 centros de acopio. Para garantizar el control, en cada departamento se designó una coordinadora responsable de su respectivo punto de acopio, encargada de reportar los ingresos y salidas de las ayudas y de mantener un contacto directo con las comunidades beneficiarias.
En el ámbito financiero, la fundación es enfática al señalar que no ha recibido ni administrado recursos de origen público. La totalidad de las ayudas, tanto en dinero como en especie, han sido provistas por aportes, donaciones y contribuciones de personas naturales y del sector privado. Estos recursos se destinan estrictamente al desarrollo de los programas, proyectos y actividades institucionales, siguiendo el objeto social de la fundación y las condiciones establecidas por quienes realizaron los donativos.
Con corte al 13 de octubre, la fundación ha recibido, administrado y canalizado recursos por un valor total de COP 54.607.443.810. Se destaca que la donación más significativa fue realizada por el Grupo Gilinski, la cual representa el 81 % del total de las ayudas recibidas.
Para garantizar la transparencia, la entidad señala haber implementado sistemas de administración y trazabilidad, que incluyen sistemas contables de todas las operaciones y la conservación de los soportes correspondientes. Los recursos se encuentran depositados en entidades financieras debidamente vigiladas y reguladas. Finalmente, el reporte indica que, a la fecha, los costos asociados a la administración de estos fondos ascienden a COP 11,9 millones, asegurando que el resto de los recursos permanecen disponibles y sujetos a las destinaciones específicas definidas por los donantes según el avance de cada proyecto.
