¿Hasta dónde llega el poder del Estado al usar drones sobre propiedades privadas? Esta interrogante surgió este miércoles 14 de octubre en el condominio Concasa.
En el marco de la inauguración del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado, conocido como Cacco —un complejo de 31 mil metros cuadrados diseñado para 5 mil 100 privados de libertad de alto perfil—, un dron policial sobrevoló la zona y lanzó advertencias a los residentes, generando dudas sobre la legalidad de la acción.
El ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, calificó la actuación como una "iniciativa negativa". Según el jerarca, el vuelo no formaba parte del plan operativo de seguridad, sino que fue una decisión unilateral de un oficial que coordinó la acción con un funcionario de Bomberos. Por este motivo, el ministro indicó que el caso será investigado.
Esta situación revive un importante precedente judicial de 2024. La Sala Constitucional estableció que las instituciones públicas están obligadas a responder solicitudes de información cuando drones estatales incursionan en terrenos no estatales.
El caso emblemático es la sentencia 34793-2024, donde se condenó a la Municipalidad de Acosta. Un ciudadano interpuso un recurso de amparo luego de que un dron municipal sobrevolara la cocina de su madre a muy poca altura. Aunque funcionarios alegaron realizar un "estudio de curvas de nivel", la municipalidad no entregó la bitácora ni identificó al piloto en el plazo legal de diez días hábiles.
Debido a esto, el tribunal ordenó la entrega inmediata de la documentación y condenó a la entidad al pago de costas, daños y perjuicios. El uso de drones estatales sigue bajo la lupa, enfrentando el límite del derecho fundamental a la intimidad en el hogar.
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