Una serie de revelaciones publicadas por el medio Bloomberg ha puesto en el centro del debate la gestión de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en Chile. Según la información difundida, ejecutivos internos de las propias administradoras habrían solicitado a la Superintendencia de Pensiones la implementación de medidas que detuvieran las operaciones con derivados volátiles, las cuales han derivado en pérdidas millonarias para los fondos de los trabajadores chilenos.
El reporte indica que estas advertencias no provinieron de denunciantes externos ni de inversores, sino de los mismos ejecutivos de las AFP. En conversaciones privadas, estos directivos pidieron a los reguladores que establecieran reglas que les impidieran continuar acumulando posiciones en derivados volátiles. La razón detrás de esta solicitud, según fuentes familiarizadas con las conversaciones, es que dichas operaciones habían sido tan lucrativas durante un tiempo que las administradoras no podían abandonarlas por cuenta propia.
El conflicto radica en la estructura competitiva del sistema previsional chileno. De acuerdo con lo reportado por Bloomberg, el sistema penaliza a aquellos fondos que presentan un desempeño inferior al de sus pares. Por lo tanto, los ejecutivos explicaron que renunciar a estas rentabilidades mientras sus competidores seguían obteniéndolas los dejaría en una posición de desventaja, obligándolos a mantener una estrategia arriesgada a pesar de las señales de peligro.
La estrategia financiera se centró en la compra de posiciones en derivados, específicamente swaps de tasas de interés. Estas inversiones estaban diseñadas para generar ganancias en el escenario en que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) bajara las tasas de interés. Tras la pandemia y durante la etapa de contención de la inflación, esta apuesta resultó exitosa, llegando a registrar una ganancia de valor de mercado de US$1.400 millones hace un año.
Sin embargo, el panorama económico cambió drásticamente. El alza global de los precios del petróleo y las fuertes presiones inflacionarias obligaron a la Reserva Federal a subir los tipos de interés. Este movimiento, sumado al incremento en el valor de los bonos del Tesoro, revirtió las ganancias y transformó la estrategia en una fuente de pérdidas masivas. Para septiembre, el monto de las pérdidas alcanzó los US$7.700 millones.
El impacto ha sido particularmente visible en los multifondos más conservadores. Según datos de la Superintendencia de Pensiones, los fondos D y E registraron caídas reales de 4,19% y 4,92%, respectivamente, al cierre de septiembre. En lo que va del año, la contracción es aún más pronunciada, con retrocesos del 6,38% para el fondo D y del 10,39% para el fondo E.
La situación alcanzó un punto crítico cuando la Superintendencia de Pensiones ordenó, en abril pasado, la aplicación de nuevos límites al riesgo en derivados, los cuales entraron en vigor el 4 de noviembre. Esta medida regulatoria obligó a las AFP a desarmar sus posiciones y cerrar los contratos de estas "apuestas" contra las tasas de interés, lo que forzó la materialización de las pérdidas. En este proceso, las administradoras debieron pagar a entidades bancarias contratadas, entre las que figuran Citigroup y Bank of America.
Ante estas revelaciones, León Fernández, presidente ejecutivo de la Asociación de las AFP, rechazó que la estrategia haya sido una "apuesta", argumentando que se implementó con una visión de largo plazo. Fernández destacó que, en el año 2025, el fondo E logró una rentabilidad superior al 8% en UF. El dirigente explicó que el fondo E es conservador y posee principalmente renta fija, la cual es susceptible a volatilidades globales causadas por guerras y problemas de inflación.
Asimismo, Fernández negó que las cifras mencionadas puedan calificarse como pérdidas materiales. Según su argumento, se trata de una "valorización económica del fondo" derivada del alza de tasas. Sostuvo que, aunque el valor económico de los activos caiga cuando suben las tasas, el activo sigue invertido y continúa pagando el mismo flujo, por lo que no habría una pérdida materializada en el sentido estricto.
No obstante, el análisis resalta que el representante del sector omitió mencionar que fueron los nuevos límites impuestos por la Superintendencia de Pensiones los que obligaron a las administradoras a vender las inversiones acumuladas y, por ende, a concretar los pagos correspondientes a los bancos involucrados, cerrando así el ciclo de estas operaciones financieras.
