La Minera Spence, perteneciente al conglomerado global BHP, ha iniciado una acción judicial de gran escala contra su Sindicato de Trabajadores, solicitando una indemnización por perjuicios que asciende a los $8.450 millones de pesos. La demanda, ingresada ante el Juzgado Civil de Antofagasta, surge como consecuencia de dos paralizaciones de actividades ocurridas durante el mes de julio de 2026, las cuales la compañía ha calificado formalmente como "derechamente ilegales".
El conflicto tiene su origen en una disputa económica centrada en la solicitud de un beneficio extraordinario. La organización sindical había presionado a la empresa para que otorgara un bono de $5 millones de pesos por cada trabajador, un monto que no estaba contemplado en el contrato colectivo vigente. Esta petición surgió inicialmente en mayo, cuando el sindicato solicitó una compensación económica vinculada a la disminución de los bonos de producción correspondientes al año fiscal 2026, basándose en los resultados financieros obtenidos por la minera.
Según los antecedentes presentados en la demanda, el 29 de mayo el sindicato envió una carta en la que describía este beneficio como una "petición de participación del ganancial que colaboramos en generar para la empresa". Sin embargo, la respuesta de Minera Spence llegó el 30 de junio, notificando que se mantendrían estrictamente las condiciones establecidas en el contrato colectivo y rechazando el pago del bono extraordinario.
Tras la negativa de la empresa, el sindicato convocó a sus afiliados a abandonar sus puestos de trabajo, resultando en dos detenciones de funciones. La primera se registró entre el 30 de junio y el 1 de julio, mientras que la segunda ocurrió entre el 7 y el 8 de julio. La compañía sostiene que estas movilizaciones provocaron interrupciones operacionales críticas que afectaron directamente la producción de la faena.
Para respaldar sus argumentos, Spence presentó actas notariales que evidencian sectores de la mina sin personal y maquinaria detenida. Un dato particularmente relevante citado en la demanda indica que, durante una de las jornadas de paralización, solo tres de los 34 camiones de la faena se encontraban operativos, lo que subraya la magnitud del impacto en la logística y extracción. En términos de ausentismo, se reportó que 413 trabajadores no se presentaron durante la primera paralización y 350 durante la segunda.
El impacto financiero estimado por la empresa es considerable. Según los cálculos de Minera Spence, las paralizaciones interrumpieron la producción de cátodos durante 23 horas y la de concentrado durante 26 horas. Esto se tradujo en una pérdida de 567 toneladas de cobre fino y dos toneladas de molibdeno. Valorizando estos materiales al precio de venta del cobre obtenido por la compañía durante julio, el perjuicio alcanzó los US$8,58 millones. La demanda se centra específicamente en el concepto de lucro cesante, omitiendo otros costos asociados a medidas de contingencia, tales como el pago de horas extraordinarias, traslados o alojamiento de personal.
El núcleo legal de la demanda de Spence radica en que las movilizaciones se llevaron a cabo fuera de los mecanismos establecidos por el Código del Trabajo. La empresa argumenta que no existía una negociación colectiva reglada en curso, que no hubo una votación previa ni se notificó formalmente a la compañía o a la Inspección del Trabajo. Además, la minera señaló que el sindicato no invocó el artículo 184 bis del Código del Trabajo, el cual permite la interrupción de labores únicamente ante riesgos graves e inminentes para la vida o salud de los trabajadores.
Por su parte, la organización sindical ha defendido sus acciones alegando que las paralizaciones fueron el resultado de "más de un año de propuestas, reuniones y solicitudes" que no recibieron respuestas oportunas por parte de la administración. Asimismo, el sindicato fundamentó sus medidas en el principio de autonomía sindical.
Finalmente, Minera Spence ha aclarado que la acción judicial está dirigida estrictamente contra la organización sindical y no contra los trabajadores de forma individual. El sindicato en cuestión representa a 1.082 trabajadores, lo que equivale al 96% de la dotación de su estamento. A través de un comunicado, la empresa reiteró su compromiso con la seguridad y las relaciones laborales constructivas, pero enfatizó que no puede amparar acciones que se desarrollen fuera del marco legal vigente.
