El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado la cancelación de los planes destinados a transmitir en directo la ejecución por pelotón de fusilamiento del expsiquiatra del ejército estadounidense, Nidal Hasan. Esta decisión representa un giro en la postura del mandatario, quien previamente había expresado su aprobación respecto a que la muerte del atacante fuera exhibida públicamente.
El cambio de criterio llega tras una creciente ola de críticas surgidas a raíz del plan de hacer pública la ejecución. El jueves, Trump justificó su decisión señalando que "muchas personas muy buenas y bienintencionadas preferirían no verlo morir". No obstante, el presidente defendió la intención original de la medida, argumentando que transmitir el acto en vivo podría haber servido como un "fuerte elemento disuasorio" para que el resto del mundo presenciara la severidad con la que Estados Unidos trata a personas que califica como "terroristas y escoria", refiriéndose específicamente a Hasan.
Por su parte, el vicepresidente JD Vance ya había manifestado sus dudas sobre la viabilidad de que el evento llegara a concretarse de esa manera y afirmó categóricamente que él, personalmente, no vería la transmisión.
La reacción del equipo legal de Nidal Hasan no se hizo esperar. John Galligan, asesor legal del condenado, declaró a la BBC que la cancelación de la transmisión no le resulta sorprendente. Galligan calificó la propuesta inicial de Hegseth, quien había impulsado la idea de la transmisión en vivo, como una "decisión absurda" que, además, violaba el reglamento 190-55 del propio Ejército de los Estados Unidos.
Galligan expresó su asombro ante el hecho de que, aparentemente, el presidente Trump no tuviera conocimiento de que el mayor Hasan se encuentra paralizado del pecho hacia abajo. El abogado sugirió que la persona encargada de informar al presidente sobre el caso al inicio de su mandato debería ser despedida. Asimismo, el asesor legal cuestionó la gestión del expresidente Biden, preguntando por qué no conmutó la pena de muerte por una de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, práctica que, según Galligan, Biden aplicó en numerosos casos similares de condenados a muerte.
El abogado concluyó que el daño ya ha sido causado y que el Ejército ahora intenta enmendar lo que describió como un "desastre", comparando la situación con un "ajuste de cuentas entre bandas al estilo de Chicago" y asegurando que este episodio dejará una mancha permanente en el sistema de justicia militar. Hasta el momento, no se ha confirmado si Hasan ha sido notificado sobre la reversión de la decisión de la transmisión.
A pesar de que no habrá retransmisión, el presidente Trump confirmó que Hasan "morirá, como estaba previsto, por fusilamiento". El mandatario subrayó que los familiares de las víctimas podrán presenciar la ejecución en persona, afirmando que ellos "se merecen presenciar la justicia".
Nidal Hasan fue responsable de uno de los ataques más atroces contra el ejército estadounidense. En 2009, el psiquiatra militar abrió fuego en un edificio médico donde soldados que estaban a punto de ser desplegados esperaban chequeos y vacunas. El ataque resultó en el asesinato de 13 soldados desarmados y dejó heridos a otros 32. Este suceso es recordado como el ataque no bélico más mortífero perpetrado contra una base militar en Estados Unidos.
Durante su consejo de guerra en 2013, Hasan admitió la autoría del tiroteo y pidió disculpas por "cualquier error", aunque sostuvo que su objetivo era proteger a los musulmanes y a los talibanes en Afganistán frente a las acciones del ejército estadounidense.
El Pentágono ha programado la ejecución para el 3 de diciembre de 2026. Este acto marcará la primera ejecución de un exmilitar en más de 60 años. Previamente, Trump había descrito a Hasan como alguien "completamente loco" y aseguró que no le importaba la forma en que muriera, siempre y cuando ocurriera, calificando la pena de muerte como una "forma muy digna" de finalizar su vida.
Desde el punto de vista legal, la ley militar estadounidense establece que cualquier ejecución debe contar con la aprobación del presidente de los Estados Unidos. Además, se requiere que un tribunal superior examine la decisión y emita un fallo definitivo sobre la legalidad del procedimiento antes de que se lleve a cabo.
En un contexto global, el caso resalta la rareza de las ejecuciones públicas. Según datos de Amnistía Internacional, aunque el año pasado se registraron más de 2.700 ejecuciones en 17 países, solo dos de ellos realizaron el acto públicamente: Irán, con 11 ejecuciones públicas en 2025, y Afganistán, con otras seis.
