La violencia en los escenarios deportivos de Ecuador ha vuelto a encender las alarmas, no solo por la recurrencia de los incidentes, sino por la evidente brecha entre la legislación vigente y su aplicación real. El detonante más reciente ocurrió el pasado sábado 10 de octubre, durante el encuentro entre Guayaquil City y Emelec en el estadio Christian Benítez. Tras la remontada del equipo local, que finalizó el marcador 3-2, un grupo de aficionados del equipo eléctrico inició incendios con papeles y otros materiales en las graderías, provocando daños en la infraestructura y obligando a la intervención policial para controlar los disturbios y evacuar a los asistentes.
Ante este escenario, especialistas en derecho deportivo han advertido que el país ya cuenta con las herramientas legales para frenar estos comportamientos, pero que estas no se están ejecutando con rigor. Giovanni Cárdenas, jurista deportivo y exviceministro del Deporte, recordó que desde el año 2019 está en plena vigencia la Ley Orgánica de Prevención y Sanción de la Violencia en el Deporte. Según Cárdenas, esta normativa fue diseñada específicamente para prevenir y sancionar cualquier forma de violencia o riesgo en eventos deportivos.
En términos concretos, el jurista señaló que el artículo 28 de dicha ley impone obligaciones estrictas a los asistentes, quienes deben abstenerse de realizar cualquier acto que altere el orden público o ponga en riesgo la integridad de terceros. Además, estas disposiciones se complementan con el Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece sanciones severas para quienes cometan actos violentos en eventos de concurrencia masiva. Las contravenciones pueden derivar en penas de entre 50 y 100 horas de trabajo comunitario, así como la prohibición de ingresar a estadios por un periodo de hasta un año. En casos más graves, como el lanzamiento de objetos contundentes, los responsables podrían enfrentar penas privativas de libertad de uno a diez días, además de multas económicas.
Cárdenas enfatizó que la responsabilidad no recae exclusivamente en la hinchada. Los organizadores de los eventos también están sujetos a obligaciones legales y los dirigentes podrían enfrentar consecuencias si participan en los hechos o si omiten denunciar estos actos ante las autoridades competentes. Una de las fallas más críticas identificadas por el experto es el incumplimiento de la identificación de los asistentes mediante sus datos personales en las entradas, una medida que permitiría rastrear y sancionar a los vándalos.
Este episodio no es un caso aislado en la temporada 2026. El 11 de octubre, apenas un día después de los hechos en el Christian Benítez, se registraron enfrentamientos entre hinchas de Liga de Quito y Barcelona en los exteriores del estadio Rodrigo Paz Delgado. Asimismo, en septiembre, se reportaron disturbios en el estadio Olímpico Atahualpa tras el partido de Serie B entre El Nacional y 22 de Julio. Emelec, por su parte, ya había sido sancionado previamente por incidentes en su estadio, el Capwell, donde el uso de bengalas, el lanzamiento de botellas y enfrentamientos con la policía resultaron en cierres de graderíos, partidos a puerta cerrada y una multa cercana a los 29.500 dólares.
Al respecto, Alfonso Harb, expresidente de Barcelona, calificó estos comportamientos como “vergonzosos”, argumentando que ponen en peligro a personas ajenas a los conflictos. Harb sugirió que, si bien el descontento se puede expresar mediante rechiflas, los actos vandálicos son inaceptables. Como solución, propuso reforzar la seguridad policial y retomar la presencia de fiscales en los estadios para actuar en flagrancia y dar inicio inmediato a los procesos judiciales, una práctica que, según su experiencia, mantenía un ambiente más tranquilo.
Por otro lado, David Baquerizo, quien lideró la comisión de seguridad de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), apuntó a la fragilidad de los controles previos. Baquerizo sostuvo que los dirigentes, como responsables de la infraestructura, fallan al permitir que las barras ingresen artefactos peligrosos antes del partido. Según el experto, si no existen controles estrictos en el acceso, ningún operativo policial podrá garantizar la seguridad del espectáculo.
Finalmente, Alby Albeon, relacionista pública de la Gobernación del Guayas, explicó que la seguridad se coordina a través de la Policía Nacional y la Intendencia, encargada de autorizar los eventos masivos. Sin embargo, aclaró que una vez producidos los desmanes, la responsabilidad de sancionar pasa al ámbito judicial, requiriendo necesariamente que se presenten denuncias formales contra los autores de los disturbios para que la justicia pueda proceder.
