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Tribunal Departamental de Justicia condena agresión y humillación a juez en Entre Ríos

Comunarios de San Josecito intentaron colocarle una pollera y blusa a la autoridad judicial como una forma de protesta, pero intervino efectivos de la Policía Boliviana para evitar en medio de forcejeos y discusiones.

Audionoticia

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Tribunal Departamental de Justicia condena agresión y humillación a juez en Entre Ríos

La Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Tarija ha manifestado su rotundo rechazo y condena ante los hechos de agresión perpetrados contra un juez de la Casa de Justicia de la localidad de Entre Ríos. El incidente, que ha generado una profunda preocupación en el ámbito judicial, ocurrió luego de la suspensión de una audiencia relacionada con un caso de abigeato, detonando una reacción violenta por parte de un grupo de personas.

De acuerdo con los reportes recabados, el altercado tuvo lugar en las inmediaciones de la Casa de Justicia de Entre Ríos. En medio de un clima de tensión, comunarios provenientes de la zona de San Josecito intentaron llevar a cabo una acción de humillación pública contra la autoridad judicial. Los manifestantes procedieron a intentar colocarle una pollera y una blusa al juez, utilizando esta vestimenta como una forma de protesta y desprecio hacia la autoridad en el ejercicio de sus funciones.

La situación escaló rápidamente, derivando en forcejeos y discusiones acaloradas entre los comunarios y el personal presente. Ante la gravedad de la situación y el riesgo de que la agresión física se intensificara, efectivos de la Policía Boliviana intervinieron de manera oportuna. La acción policial permitió evitar que se consumara la humillación planeada por los manifestantes y logró controlar el orden público en el lugar de los hechos, aunque no sin antes registrarse momentos de alta conflictividad.

Ante este escenario, el presidente del Tribunal Departamental de Justicia, Luis Esteban Ortiz, se pronunció formalmente para cuestionar la gravedad de lo sucedido. Ortiz señaló que este tipo de actos comprometen seriamente el derecho fundamental a la independencia judicial, un pilar esencial para el funcionamiento de cualquier estado de derecho. En representación del órgano de la justicia ordinaria, el titular del TDJ expresó el malestar institucional que ha provocado este atropello contra uno de sus funcionarios.

En consecuencia, el presidente del TDJ ha exigido a las instancias correspondientes que se inicien las investigaciones pertinentes de manera inmediata. El objetivo de estas acciones legales es establecer con claridad la responsabilidad individual de cada uno de los protagonistas que participaron en los hechos violentos ocurridos en la localidad de Entre Ríos. Para Ortiz, no se trata únicamente de un altercado aislado, sino de un ataque directo a la función judicial.

Desde la perspectiva de la autoridad judicial, existió una vulneración flagrante de los derechos y garantías del juez. El presidente del TDJ subrayó que las personas involucradas actuaron bajo una lógica de intimidación, violencia y amedrentamiento. Según Ortiz, estas actitudes son incompatibles con un sistema que garantice la independencia judicial, ya que el juez debe poder desempeñar su labor sin temor a represalias físicas o morales.

Asimismo, Luis Esteban Ortiz fue enfático al declarar que este hecho rompe con el criterio democrático fundamental que rige el acto de impartir justicia. El presidente del TDJ recalcó que la institucionalidad del órgano judicial debe ser respetada en todas sus dimensiones, insistiendo en que la independencia judicial, ya sea interna o externa, es indispensable. En este sentido, subrayó que cualquier juez debe estar totalmente libre de presiones externas al momento de dictar una decisión jurídica.

Finalmente, el titular del TDJ recordó que, así como los jueces deben cumplir con la ley, la sociedad y las instituciones que forman parte del sistema judicial deben canalizar sus inconformidades a través de los medios legales. Ortiz instó a que cualquier decisión judicial que sea observada o cuestionada debe ser analizada y recurrida mediante los mecanismos que la ley establece formalmente, rechazando tajantemente que se utilicen actuaciones violentas, presiones sociales o flagelaciones como método para expresar el descontento con la justicia.

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