El ambicioso proyecto del presidente Nayib Bukele para posicionar a El Salvador como el referente mundial de las criptomonedas ha sufrido un retroceso significativo en sus componentes principales. De acuerdo con un reciente reportaje de la BBC, el uso cotidiano del bitcoin sigue siendo reducido entre la población, mientras que el Gobierno ha modificado su estrategia tras alcanzar un acuerdo de financiación por 1.400 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Los datos revelan una brecha profunda entre la narrativa oficial y la realidad práctica. Una encuesta realizada por el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, publicada en enero de 2025, indica que el 91,8% de los salvadoreños afirmó no haber utilizado la criptomoneda durante el año anterior. Dentro de este grupo, el 76,2% aseguró que nunca ha hecho uso de este activo digital.
La iniciativa, presentada originalmente por Bukele en marzo de 2021 durante la conferencia Bitcoin en Miami, buscaba convertir al país centroamericano en el primero del mundo en adoptar el bitcoin como moneda de curso legal. La ley fue aprobada en junio de ese mismo año por la Asamblea Legislativa, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas, bajo la premisa de que la medida impulsaría la libertad económica, la prosperidad y la inclusión financiera.
Entre los objetivos centrales del Gobierno se encontraba la reducción de los costos en el envío de remesas, las cuales son fundamentales para la economía nacional, representando el 26,3% del producto interno bruto (PIB) en 2025, según datos del Banco Central de Reserva. Asimismo, se pretendía facilitar el acceso a servicios financieros para la población no bancarizada y atraer inversión extranjera.
Para incentivar la adopción, el Estado implementó diversas medidas, incluyendo la creación de un fideicomiso de 150 millones de dólares y el ofrecimiento de 30 dólares a cada ciudadano que descargara la billetera digital Chivo Wallet. Adicionalmente, se destinaron 50 millones de dólares para la instalación de cajeros automáticos y logística. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados. Una encuesta del Iudop reveló que nueve meses después del lanzamiento, el 71% de los consultados consideraba que la iniciativa no aportaba beneficios a la economía de sus hogares. En sintonía con esto, un estudio de la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos señaló que la mayoría de los usuarios abandonó la billetera Chivo una vez gastado el incentivo gubernamental.
La adopción empresarial y administrativa también ha sido limitada. En 2022, una encuesta de CID-Gallup mostró que solo el 20% de las empresas aceptaba bitcoin y apenas el 5% de los pagos de impuestos se realizaban con este activo. Para 2024, se observó que el uso de la moneda se concentraba de forma anecdótica en zonas específicas como Bitcoin Beach, en El Zonte. El propio presidente Bukele reconoció en una entrevista con la revista Time que la adopción no alcanzó los niveles previstos.
En cuanto a las remesas, aunque hubo un crecimiento del 44,3% en el uso de billeteras cripto entre enero y abril de 2026, sumando 23,1 millones de dólares, esta cifra representa apenas el 0,7% del total de 3.286 millones de dólares recibidos en ese periodo. La gran mayoría de los fondos sigue fluyendo a través de los canales tradicionales.
Paralelamente, el proyecto perdió fuerza en sus metas estructurales. La criptomoneda dejó de ser de aceptación obligatoria y los "bonos volcán", destinados a financiar la compra de más activos y la construcción de Bitcoin City —una ciudad futurista basada en energía geotérmica para la minería de datos—, no se han emitido y la obra no ha avanzado.
A pesar de la volatilidad, que incluyó una caída de más del 60% del valor del bitcoin en 2022, el Gobierno mantuvo la compra de activos con fondos públicos. Actualmente, la Oficina Nacional de Bitcoin reporta una reserva de 7.798,37 bitcoins, valorados en aproximadamente 636 millones de dólares, cifra sujeta a las fluctuaciones del mercado.
Finalmente, la inclusión financiera sigue siendo un desafío. Según la encuesta Global Findex 2025 del Banco Mundial, solo cuatro de cada diez salvadoreños mayores de 15 años poseen una cuenta bancaria. Carlos Acevedo, expresidente del Banco Central de Reserva, señaló que la infraestructura y los incentivos no lograron la adopción generalizada planeada, concluyendo que el proyecto no cumplió sus objetivos iniciales.
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