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El Departamento de Justicia de EE. UU. investiga a cinco cadenas de televisión por leyes antimonopolio

El Departamento de Justicia está investigando a las cinco principales cadenas de televisión de EE.UU. por posibles infracciones de las leyes antimonopolio, lo que abre otro frente en la campaña de presión del Gobierno de Trump contra la prensa.

El Departamento de Justicia de EE. UU. investiga a cinco cadenas de televisión por leyes antimonopolio

¿Pueden las leyes antimonopolio aplicarse al periodismo? El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha iniciado una investigación contra las cinco principales cadenas de televisión del país: ABC, CBS, CNN, Fox News y NBC.

El foco de la pesquisa es el grupo de cobertura televisiva de la Casa Blanca, un sistema donde estas cadenas se turnan para documentar los actos del presidente y comparten las imágenes entre ellas y con otros medios. Este mecanismo, surgido por necesidad técnica y económica, permite que estaciones locales y sitios web de todo el mundo accedan a material de la Oficina Oval o el Air Force One.

La controversia comenzó cuando el presidente Donald Trump prohibió el acceso de CNN a los terrenos de la Casa Blanca. En respuesta, el grupo de cobertura decidió no establecer un equipo de reemplazo, respaldando la posición de CNN. El Departamento de Justicia sostiene que estos "boicots colectivos entre competidores comerciales" podrían infringir la Ley Sherman.

Llama la atención que esta investigación inició dos semanas después de que Laura Loomer, aliada de Trump, instara públicamente al Gobierno a impugnar el sistema de las cadenas mediante argumentos antimonopolio.

Mientras el Departamento de Justicia defiende la medida de Trump ante los tribunales, un juez federal suspendió temporalmente la prohibición impuesta a CNN, MS NOW y Politico. Ante esto, organizaciones como la Freedom of the Press Foundation han calificado la investigación de "absurda", asegurando que la defensa de la Primera Enmienda no tiene relación con las leyes antimonopolio. Asimismo, la Foundation for Individual Rights and Expression señaló que este es un ejemplo más de represalia política contra los medios.

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