Mientras el gobierno intenta cerrar el capítulo de la intervención al Ministerio Público, la realidad económica golpea con fuerza a las familias bolivianas.
La llegada de Armando Urioste a la Fiscalía General ha estado marcada por la polémica. Lo que inició como una jornada maratónica de deliberaciones terminó con una elección a mano alzada a las cinco de la mañana. La confusión persiste sobre quién sugirió su nombre: Urioste afirmó en CNN que fue un empresario, pero posteriormente Diego Ávila señaló que la sugerencia provino del presidente. Esta madeja política se enreda aún más mientras se urge la elección de un fiscal definitivo por la vía ordinaria.
Pero más allá de las disputas en la Asamblea, la crisis se siente en los hogares. Un informe del Defensor del Pueblo advierte que una de cada tres familias bolivianas está reduciendo sus comidas para enfrentar la situación actual.
En el plano financiero, el Fondo Monetario Internacional ha realizado el primer desembolso de 211 millones de dólares. Este préstamo implica el sometimiento a acuerdos estrictos, como la reducción del déficit fiscal y reformas tributarias. Sin embargo, surge una contradicción táctica: aunque el acuerdo condiciona el retiro total de las subvenciones a los combustibles para enero de 2027, sectores del gobierno han empezado a cuestionar este plazo para rebajar la presión en los surtidores.
A esto se suma que el mecanismo para calcular el precio diario del diésel sigue sin implementarse, mientras la ciudadanía enfrenta el incremento de pasajes, alquileres y precios en la canasta familiar. En este escenario, la izquierda nacional permanece desorganizada y las discusiones profundas sobre la distribución de funciones se han desplazado hacia las regiones.
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