Donald Trump ha solicitado la intervención de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos en su prolongada batalla legal contra la excandidata presidencial Hillary Clinton y exfuncionarios del Departamento de Justicia.
El conflicto se origina en una demanda presentada por Trump en 2022, en la que acusa a Clinton, al Comité Nacional Demócrata y a diversas entidades de haber conspirado para socavar su campaña de 2016 mediante vínculos falsos con Rusia.
Sin embargo, el camino legal ha sido complejo. Un tribunal federal de distrito desestimó la demanda y calificó el caso como "frívolo". El juez Donald Middlebrooks señaló que la insuficiencia legal fue evidente desde el principio y afirmó que ningún abogado razonable habría presentado dicha acción. Como resultado, los abogados de Trump fueron sancionados con casi un millón de dólares, decisión que fue ratificada el año pasado por el Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito.
Uno de los puntos clave para la desestimación fue que las demandas civiles por crimen organizado se presentaron fuera de los plazos establecidos. Ante esto, la defensa de Trump argumenta ahora ante la Corte Suprema que el expresidente decidió esperar a dejar el cargo, ya que las responsabilidades presidenciales habrían consumido demasiado tiempo y energía para llevar a cabo una demanda civil privada.
Con este recurso, se plantea la cuestión jurídica de si las funciones de un presidente justifican la postergación de plazos legales mientras se encuentra en el ejercicio del poder. Sus abogados sostienen que el tribunal inferior rechazó erróneamente esta teoría y basó las sanciones en una supuesta mala fe inexistente.
Se espera que la Corte Suprema determine a finales de este año si admite el caso para su trámite.
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