El Poder Ejecutivo promulgó la Ley 27.826, conocida como Inocencia Fiscal II. Esta norma, firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y el ministro Luis Caputo, introduce cambios significativos en el régimen de declaración jurada simplificada del Impuesto a las Ganancias.
Los cambios al régimen simplificado tendrán efectos para los períodos fiscales iniciados desde el 1 de enero de 2025. Una de las novedades principales es que la ley ya no fija topes de ingresos ni de patrimonio para acceder a este beneficio; el requisito ahora será que los contribuyentes sean residentes fiscales durante todo el período, excepción que aplicará para quienes adhieran en el ciclo 2025. Cabe destacar que los grandes contribuyentes y ciertos funcionarios públicos podrán adherir para presentar la declaración y pagar en término, pero no accederán a la presunción de exactitud.
Un punto central de la ley es que la carga de la prueba recaerá exclusivamente sobre la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, ARCA. El organismo solo podrá basarse en información declarada por el contribuyente, datos de sus sistemas o información de terceros. Se considerará "discrepancia significativa" aquel ajuste que implique un aumento del impuesto o una reducción de quebrantos de al menos el 15%.
En materia de sanciones, se reducen en un 25% las multas formales para PyMEs, personas humanas y entidades sin fines de lucro. Además, se aplicará una rebaja del 50% sobre multas previas no firmes, siempre que se cumpla la obligación omitida.
Finalmente, la norma actualiza las multas para empleadores rurales no registrados en el RENATRE, con montos que van desde los 120 mil hasta los 7,5 millones de pesos según la gravedad, los cuales se actualizarán por UVA a partir de 2027.
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