Las recientes declaraciones del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, han reavivado un complejo debate sobre los límites institucionales y las atribuciones que separan al Poder Ejecutivo de las decisiones técnicas del Banco Central. La controversia surgió luego de que el secretario de Estado sugiriera la adopción de medidas monetarias específicas para combatir la inflación, en un contexto donde la autonomía del ente rector de la moneda es un pilar fundamental del sistema económico y legal.
El detonante de este nuevo episodio fue la publicación de los datos correspondientes al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de septiembre. Según la información entregada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el IPC registró un incremento del 0,4% durante dicho periodo. Este dato es particularmente relevante ya que, al sumarse al comportamiento de los meses anteriores, se acumula una variación del 4% en lo que va del año y un 4,1% en el cálculo a doce meses.
Estas cifras sitúan la inflación por encima de la meta establecida por el Banco Central, la cual se fija en un 3% anual en un horizonte de dos años. Esta situación no solo presiona la estabilidad de los precios, sino que también genera complicaciones para las proyecciones financieras del propio Gobierno, que ha estimado cerrar el año 2026 con una inflación situada en el 3,8%.
Ante este escenario, el ministro Jorge Quiroz se pronunció señalando que, si bien la inflación y el IPC son responsabilidad del Banco Central, es imperativo que los precios comiencen a bajar. En sus palabras, la autoridad de Hacienda afirmó: “La inflación y el IPC son una responsabilidad del Banco Central. El Banco Central es responsable de esta guía de precios. Nos gustaría que esto fuera bajando y hay que tomar las medidas desde el punto de vista monetario que haya que tomar para mantener la inflación a raya”.
El planteamiento del ministro ha sido interpretado como un emplazamiento al organismo autónomo, lo que pone de relieve la tensión entre las aspiraciones del Ejecutivo y la normativa vigente. Es fundamental recordar que el Banco Central es un organismo cuya independencia está consagrada en la Constitución y regulada estrictamente por su Ley Orgánica Constitucional. Esta estructura legal garantiza que el Gobierno no tenga la facultad de instruir al instituto emisor sobre las medidas monetarias que debe implementar.
Un ejemplo concreto de esta separación es la determinación de la Tasa de Política Monetaria (TPM). La decisión de subir o bajar dicha tasa, herramienta principal para controlar la inflación, es una atribución que corresponde exclusivamente al Consejo del Banco Central, sin injerencias directas desde el Ministerio de Hacienda o la Presidencia.
Desde un punto de vista técnico, el mandato legal del Banco Central es velar por la estabilidad de la moneda y mantener una inflación baja y estable. Bajo este marco, el hecho de que la inflación se ubique temporalmente por encima del 3% no representa, por definición, un incumplimiento de sus funciones, ya que el organismo opera sobre horizontes temporales y metas proyectadas.
Además, es importante precisar que el Banco Central, aunque conduce la política monetaria, no posee control absoluto sobre todos los factores que impactan el costo de la vida. La inflación es un fenómeno multicausal que responde a shocks externos, tales como las fluctuaciones internacionales y el precio de los combustibles, así como a factores internos relacionados con la demanda y, muy significativamente, a las decisiones de gasto fiscal tomadas por el propio Ejecutivo.
Este episodio vuelve a tensionar la relación entre Teatinos 120 y el ente rector de la política monetaria. La relevancia de los dichos de Quiroz se acentúa considerando que el ministro ya había enfrentado cuestionamientos en semanas anteriores por emitir opiniones sobre materias que son reservadas estrictamente al organismo autónomo, lo que mantiene encendido el debate sobre el respeto a la independencia institucional en Chile.
