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Se han cumplido tres años desde que Israel iniciara sus operaciones militares en la Franja de Gaza, dejando un saldo humano devastador. Según datos proporcionados por el Ministerio de Salud del enclave, más de 74.000 personas han sido asesinadas, cifra que incluye a más de 20.000 niños y niñas. Durante este periodo, se ha producido una desmantelación sistemática de los medios de supervivencia y de las infraestructuras esenciales para la vida, resultando en una situación donde actualmente ningún hospital en el territorio funciona a pleno rendimiento.
La crisis alimentaria ha alcanzado niveles alarmantes. De acuerdo con Oxfam, aproximadamente 1,4 millones de los cerca de dos millones de habitantes de Gaza se enfrentan a niveles críticos de hambre. Esta precariedad se ha mantenido incluso tras la firma de un alto el fuego en octubre de 2025. Desde entonces, el ejército israelí ha continuado con su política de exterminio, resultando en el asesinato de más de 1.400 personas, entre ellas al menos 324 niños y niñas, lo que representa una media de prácticamente una muerte infantil por día.
Uno de los elementos más críticos de la situación actual es la implementación de la llamada “línea amarilla”. Este límite, que delimita el espacio de movimiento de la población gazatí, se ha reducido considerablemente en los últimos meses, provocando un hacinamiento extremo que facilita la propagación de enfermedades. Actualmente, las fuerzas israelíes ocupan aproximadamente el 65% de Gaza. Médicos Sin Fronteras (MSF) ha denunciado que esta línea no es simplemente una marca en el mapa, sino un mecanismo de cerco y limpieza étnica que aísla a las comunidades de la atención sanitaria, el agua y otras infraestructuras vitales.
En el plano político, la situación permanece estancada. Israel no ha cumplido con la retirada de sus tropas del territorio, motivo por el cual Hamás ha mantenido sus armas. Paralelamente, el plan de “reconstrucción” impulsado por Trump no ha avanzado. A pesar de que Estados Unidos propuso en septiembre, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, una cifra inicial de 2.450 millones de dólares para iniciar los trabajos, no existe una hoja de ruta definida. Esta iniciativa está encabezada por Jared Kushner, yerno del mandatario estadounidense.
El deterioro de la salud pública es evidente y alarmante. MSF informa que la mayoría de la población dispone de menos de seis litros de agua al día para uso doméstico y carece de saneamiento básico, lo que ha provocado brotes de sarna, varicela y gastroenteritis. Con la llegada del invierno y las lluvias, se prevé que la situación empeore debido al aumento de cuadros gripales y otras enfermedades víricas.
Médicos del Mundo ha alertado sobre el colapso de los índices de salud: ocho de cada diez menores están enfermos y nueve de cada diez mujeres embarazadas o lactantes presentan síntomas compatibles con anemia. Este declive es consecuencia de la destrucción de infraestructuras sanitarias, las restricciones a la ayuda humanitaria y el desplazamiento forzado, que ha afectado al 97,2% de las familias desde octubre de 2023.
La inseguridad alimentaria es estructural. El 84% de las personas entrevistadas afirma que conseguir alimentos nutritivos es difícil o muy difícil, y el 97% de los hogares ha recurrido a estrategias negativas, como reducir el número de comidas o vender sus últimos bienes. En cuanto a la urgencia médica, más de 18.500 personas, incluyendo unos cuatro mil niños, necesitan evacuaciones urgentes; más de mil gazatíes han fallecido mientras esperaban dicho traslado.
Finalmente, el territorio permanece cubierto de escombros que ocultan numerosos cadáveres. Oxfam señala que Israel restringe la entrada de maquinaria pesada para la recuperación de cuerpos, obligando a las familias y equipos de rescate palestinos a realizar estas tareas. Además, el riesgo de derrumbe es constante; el pasado 21 de septiembre, el colapso de un edificio en la ciudad de Gaza provocó la muerte de 21 personas, entre ellas 12 niños. Ante este escenario, diversas organizaciones humanitarias exigen la aplicación del derecho internacional y que los responsables sean llevados ante la Corte Internacional de Justicia.
