El Gobierno de Bolivia ha iniciado un proceso de reestructuración económica centrado en la reducción del gasto público y la búsqueda de financiamiento externo. El presidente Rodrigo Paz ha sido enfático en su postura respecto a la gestión de los recursos estatales, señalando que el presupuesto nacional debe priorizar la ejecución de obras civiles sobre el mantenimiento de las subvenciones a los combustibles. Según el mandatario, el país ha atravesado un periodo de 20 años en los que la economía no fue sincerada, lo que ha derivado en un costo financiero considerable para el Estado.
En actos públicos realizados en Santa Cruz a finales de agosto, el jefe de Estado reveló cifras alarmantes sobre el impacto de los subsidios al diésel y la gasolina. El presidente Paz indicó que, para cubrir estas subvenciones, se han destinado entre 50 y 60 millones de dólares cada diez días. Bajo la premisa de que "la platita es para ejecutar obras, no para pagar subvenciones de combustibles", el mandatario ha instado a la Asamblea Legislativa Plurinacional a aprobar un paquete de leyes que facilite el acceso a créditos de organismos financieros internacionales, los cuales podrían sumar más de 4.500 millones de dólares destinados a proyectos de infraestructura.
El presidente Paz ha planteado un dilema directo a los legisladores sobre el destino de estos fondos, cuestionando si el dinero debe seguir destinándose a la subvención del combustible o si debe invertirse en obras para los municipios. Esta postura ha impulsado la gestión legislativa, resultando en la aprobación de la primera ley el pasado 18 de septiembre. Dicha normativa autoriza un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un monto de 1.900 millones de dólares, los cuales serán entregados de manera gradual en un periodo de 36 meses. De hecho, el primer desembolso, ascendente a 214 millones de dólares, se ha hecho efectivo en la última semana.
Sin embargo, el acceso a estos recursos está condicionado al cumplimiento de lineamientos estrictos dictados por el organismo financiero. Nigel Clarke, presidente en Ejercicio del Directorio del FMI, ha señalado que el eje central del programa es la sostenibilidad fiscal, buscando paralelamente reforzar el apoyo a los hogares más vulnerables. Para lograr este objetivo, el esfuerzo fiscal inicial requerirá la eliminación progresiva de las subvenciones a los combustibles que aún se mantienen vigentes, implementando un mecanismo de fijación automática de precios.
Además de la reforma en los combustibles, el acuerdo contempla el fortalecimiento y la focalización de la protección social. El FMI busca que el ajuste económico sea respaldado por una mejora en la eficiencia del gasto público, la gestión de los atrasos en los pagos y una reforma profunda de las empresas públicas. Asimismo, se pretende fortalecer las instituciones fiscales mediante el establecimiento de un marco fiscal a mediano plazo que esté anclado específicamente en la reducción de la deuda.
En términos prácticos, estas medidas implican que el Gobierno boliviano debe avanzar en el ajuste de los precios de la gasolina para alinearlos con el mercado internacional, reducir el gasto público y eliminar aquellas empresas públicas que resulten deficitarias. El objetivo final, según insiste el presidente Paz, es reinvertir esos recursos ahorrados en obras que beneficien directamente a la población boliviana.
Desde Washington, el FMI emitió un comunicado el 2 de octubre detallando que el Servicio Ampliado contribuirá a la aplicación de un programa de reformas orientado a restaurar la estabilidad macroeconómica, recomponer las reservas internacionales y fortalecer la resiliencia financiera. El organismo destacó que este camino promoverá un crecimiento inclusivo impulsado primordialmente por el sector privado.
En sintonía con esta visión, el representante en Bolivia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Leopoldo Avellán, ratificó la importancia del empresariado boliviano para alcanzar la estabilidad económica. El BID apuesta por un crecimiento sostenible y generador de empleos que sea liderado por los privados. El mensaje de las entidades crediticias internacionales es claro: mientras el sector público se encarga de las reformas, la infraestructura y las condiciones habilitantes, el sector privado debe invertir en áreas estratégicas como la minería, la energía, la agricultura y los agronegocios.
