La incertidumbre y la controversia se han intensificado en Tarija en torno a la implementación del nuevo esquema tarifario de la empresa de Servicios Eléctricos de Tarija (SETAR). El conflicto ha escalado tras las recientes declaraciones del dirigente vecinal Rodrigo Castillo, quien denunció públicamente una persistente falta de socialización de los resultados del estudio tarifario, un proceso que, según el dirigente, es fundamental para garantizar la transparencia en el cobro del servicio eléctrico.
El centro de la disputa radica en el acceso a la información. Rodrigo Castillo señaló que, a pesar de los compromisos previos asumidos por las autoridades de la empresa, los ciudadanos aún desconocen los pormenores del estudio. Esta situación genera especial preocupación debido a que, según las advertencias del dirigente, el nuevo estudio tarifario presentado por SETAR ante la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN) podría entrar en vigencia a partir del próximo 31 de octubre.
Castillo enfatizó que existe una necesidad urgente de conocer los costos exactos que se aplicarán al consumo en la categoría domiciliaria. Para intentar obtener estas respuestas, la dirigencia vecinal ya ha remitido notas oficiales tanto al Gobierno Autónomo Departamental de Tarija (GADT) como a la AETN. Sin embargo, el dirigente lamentó que, hasta la fecha, no se haya recibido una respuesta formal que aclare los puntos solicitados sobre el nuevo esquema de cobros.
Por su parte, las autoridades de SETAR han mantenido una postura basada en los tiempos administrativos y regulatorios. La empresa aseguró previamente que los resultados del estudio serán socializados únicamente una vez que el nuevo esquema tarifario esté plenamente consolidado y haya recibido la validación oficial por parte de la AETN. Bajo esta premisa, SETAR sostiene que el proceso debe seguir el flujo legal y técnico correspondiente antes de ser expuesto al público general.
En relación a estos avances, la pasada semana se llevó a cabo una reunión convocada por la Comisión de Energía e Hidrocarburos de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT). En dicho encuentro, el gerente general de SETAR, Miguel Arciénega, expuso el estado actual del estudio tarifario. Arciénega detalló las diversas etapas desarrolladas por la empresa consultora encargada de la elaboración de la propuesta técnica, la cual ya ha sido remitida a la AETN para su correspondiente proceso de aprobación.
Durante la sesión con la ALDT, la gerencia de SETAR ratificó que el objetivo principal de la propuesta es evitar cualquier incremento en las tarifas aplicadas al sector domiciliario. Para lograr este objetivo sin comprometer la calidad ni la continuidad del suministro eléctrico, la empresa informó, a través de un comunicado oficial, que se está implementando un reajuste estratégico en su Plan de Inversiones.
No obstante, estas declaraciones no han calmado las inquietudes de los usuarios. Rodrigo Castillo volvió a poner sobre la mesa las denuncias sobre incrementos que califica como injustificados en las facturas de algunos usuarios domiciliarios. Para sustentar sus reclamos, el dirigente presentó ejemplos concretos de variaciones en los cobros; mencionó el caso de un usuario cuyo promedio de pago era de 50 bolivianos, monto que ascendió a 156 bolivianos en el año 2023, y que posteriormente, según indicó, volvió a aumentar a 200 bolivianos en el 2025.
Ante este escenario, las demandas de la dirigencia vecinal han ido más allá de la simple socialización del estudio. Castillo ha solicitado formalmente que se realice una auditoría integral a SETAR y que se proceda a una reestructuración profunda de la empresa eléctrica.
Finalmente, el dirigente advirtió que no desistirá en sus demandas. En este sentido, ha convocado a la dirigencia de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) para que se sume a las movilizaciones. El objetivo de estas acciones es presionar para que se haga pública la información del estudio tarifario de manera inmediata y ejercer una fiscalización estricta que impida cualquier posible incremento en las tarifas de la categoría domiciliaria.
