Han transcurrido cuatro meses desde el fallecimiento de la activista polaca Mónika Martyna Koniuszek, reconocida en Ecuador bajo el nombre de Mónika Silva, y su cuerpo permanece aún en una cámara frigorífica del Centro Forense de Santa Elena. Mientras los procesos administrativos para su repatriación avanzan con lentitud, un grupo de familiares, amigos y defensores de los derechos humanos han denunciado la falta de información oficial sobre el estado de las investigaciones y exigen que se esclarezcan plenamente las circunstancias que rodearon su muerte.
La tensión alcanzó un nuevo punto el pasado jueves 8 de octubre, cuando activistas de la provincia de Santa Elena se concentraron en los exteriores de la Unidad Técnica de Patología Forense. El objetivo de la movilización fue presionar a las autoridades competentes para que se acelere la entrega del cuerpo. Durante la jornada, los manifestantes colocaron pancartas exigiendo transparencia en un caso que ha generado una profunda conmoción tanto a nivel provincial como nacional.
Alfonso Ortiz, uno de los activistas presentes en la concentración, manifestó su frustración ante la opacidad del proceso. Según Ortiz, no existe información concreta sobre la fecha en que el cuerpo de Mónika podrá ser retirado, ni se ha brindado claridad sobre los avances de las indagaciones judiciales. El activista sugirió que podrían existir factores poderosos que estén obstaculizando el camino hacia la verdad sobre el asesinato de la polaca, a pesar de que los documentos requeridos por el fiscal para autorizar la entrega ya habrían sido remitidos al Ministerio Público.
El caso de Mónika Silva tomó un giro drástico desde el inicio. La activista fue hallada sin vida la tarde del 8 de junio en su domicilio, ubicado en el barrio El Tigrillo, en la localidad de Montañita. En las primeras horas posteriores al hallazgo, el ministro del Interior, John Reimberg, indicó en una entrevista radial que el evento estaba siendo investigado inicialmente como un presunto suicidio. Sin embargo, esta versión fue desmentida por los resultados de la necropsia, la cual determinó que la muerte fue violenta y que hubo la intervención de un tercero, transformando la investigación en un caso de homicidio.
A pesar de que la Fiscalía de Polonia solicitó formalmente la repatriación del cuerpo para continuar con las diligencias investigativas en territorio europeo, el proceso se ha visto truncado por obstáculos burocráticos. El traslado de los restos estaba programado para el 10 de septiembre; no obstante, la operación fue suspendida a última hora debido a inconsistencias en la documentación. Específicamente, se informó que el poder legal otorgado por la madre de la activista no especificaba el nombre de la persona autorizada para recibir el cuerpo, lo que obligó a detener el proceso administrativo.
Desde aquel incidente, se han gestionado nuevos documentos para subsanar las observaciones realizadas por las autoridades ecuatorianas y lograr que el féretro sea finalmente trasladado a Polonia. En este contexto, los familiares han solicitado la intervención directa de la Fiscalía polaca para coordinar acciones conjuntas con su homóloga en Ecuador, buscando agilizar tanto la entrega del cuerpo como el avance de las diligencias judiciales.
Por su parte, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) y el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM), quienes representan legalmente a los familiares de Silva en Ecuador, tampoco han podido confirmar una fecha definitiva para el traslado. Mientras tanto, organizaciones defensoras de derechos humanos mantienen un monitoreo constante sobre la evolución del caso.
Para los habitantes de Santa Elena, Mónika Silva se convirtió en un símbolo de lucha contra la impunidad. A través de sus redes sociales, la activista difundió evidencias y documentos que señalaban presuntos actos de corrupción en instituciones públicas, denunciando irregularidades en contratos, obras que quedaron inconclusas y una gestión deficiente de los recursos estatales. Su labor no se limitó a la provincia, ya que cuestionó la actuación de diversos funcionarios públicos y criticó la falta de respuestas en procesos presentados ante la Contraloría General del Estado y la Fiscalía.
Esta postura frontal la expuso a enfrentar diversas acciones judiciales y a recibir constantes cuestionamientos públicos, situaciones que enfrentó sin desistir de sus denuncias. En sus videos, Mónika solía utilizar la frase “Aún con vida” como un sello personal y una respuesta desafiante ante las amenazas que aseguraba recibir debido a su trabajo de denuncia. Hoy, esa frase resuena entre sus simpatizantes, quienes esperan que la repatriación se concrete pronto para rendirle un homenaje póstumo y obtener finalmente justicia.
